Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las presuntas irregularidades en las contrataciones de materiales electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes desde la década de los noventa, cuando los hermanos Hernández Casillas comenzaron a establecer vínculos con instituciones gubernamentales y posteriormente se convirtieron en proveedores de material electoral.
Durante su conferencia matutina, la mandataria presentó información sobre una investigación encabezada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, en la que se expusieron los antecedentes de los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados por presuntamente construir una red de empresas para obtener contratos con organismos electorales.
De acuerdo con la investigación, los hermanos trabajaron anteriormente en el Registro Nacional de Población y en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, incursionaron en el sector empresarial y comenzaron a obtener contratos para suministrar materiales electorales en distintas entidades del país.
La secretaria Raquel Buenrostro explicó que entre 2014 y 2023, periodo en el que Lorenzo Córdova encabezó el INE, las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos. Asimismo, entre 2024 y 2025 recibieron adjudicaciones por 646 millones de pesos.
La investigación también identificó que la red empresarial amplió sus operaciones mediante distintas compañías que participaron en procedimientos de contratación de organismos electorales estatales, donde presuntamente se simulaba competencia para concentrar las adjudicaciones.
Sheinbaum sostuvo que las presuntas irregularidades no deben atribuirse exclusivamente a la administración de Guadalupe Taddei y señaló que las investigaciones deben abarcar los distintos periodos en los que operó esta red de proveedores. Aclaró que nadie debe quedar exento de responsabilidades si se comprueba que incurrió en alguna ilegalidad.
La Presidenta también pidió a la Auditoría Superior de la Federación profundizar en la revisión de los contratos y contribuir al esclarecimiento de los hechos, además de garantizar que las contrataciones de papelería y materiales electorales se realicen bajo criterios de transparencia y competencia.
Como parte de las acciones para modificar este esquema, anunció que la próxima semana se presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, empresa encargada de producir las boletas electorales, mediante una mayor participación de instituciones y mecanismos de supervisión en su Consejo de Administración.
La propuesta busca ampliar la capacidad de producción estatal y evitar la concentración de contratos en un reducido grupo de proveedores. Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continuarán para determinar las posibles responsabilidades administrativas o penales de las personas y empresas involucradas.
