Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.- El empresario José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con compañías proveedoras de material electoral que obtuvieron contratos millonarios del Instituto Nacional Electoral (INE), promovió en febrero de este año un juicio de amparo ante el temor de que existiera una orden de aprehensión o comparecencia en su contra, luego de que presuntos agentes de la Policía Federal Ministerial acudieran a su domicilio en enero para buscarlo, informó La Jornada.
De acuerdo con documentos judiciales, el empresario señaló que el pasado 21 de enero personas que se identificaron como agentes ministeriales acudieron a su vivienda y manifestaron contar con una orden de aprehensión. Ante esta situación, el 10 de febrero presentó una demanda para solicitar la protección de la justicia federal y conocer si existía algún procedimiento legal en su contra.
Al día siguiente, una jueza le concedió una suspensión provisional y estableció una garantía de 6 mil 500 pesos. Sin embargo, el 17 de febrero le negó la suspensión definitiva y, posteriormente, el juicio fue sobreseído debido a que las autoridades informaron que no existía ninguna orden de aprehensión o comparecencia en su contra.
La resolución judicial también estableció que el empresario no presentó pruebas para desvirtuar los informes de las autoridades. Al no impugnar el fallo, el expediente fue enviado al archivo después de que se declaró concluido el procedimiento.
Hernández Casillas está relacionado con diversas empresas dedicadas a la comercialización de materiales electorales, entre ellas Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg y Seriplast de México, las cuales han sido señaladas por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública.
Según información de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2018 y 2025 estas compañías recibieron al menos 49 contratos del INE y de organismos electorales estatales, por un monto acumulado superior a mil 450 millones de pesos, para la adquisición de urnas, boletas, mamparas y otros materiales utilizados en procesos electorales.
Las empresas se encuentran bajo revisión por posibles prácticas de simulación de competencia y otras irregularidades en las adjudicaciones. Además, el nombre del empresario ha cobrado relevancia por su relación con la entonces consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con quien se documentaron operaciones comerciales superiores a 12.4 millones de pesos para la adquisición de artículos electorales.
Estos hechos forman parte de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores del sistema electoral mexicano, las cuales buscan determinar si existieron responsabilidades administrativas o posibles delitos.
