Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- La gestión de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente del Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra bajo revisión por presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación y adjudicación de recursos públicos durante los casi 15 años que permaneció en el cargo, entre 2008 y 2023.

De acuerdo con una investigación publicada por La Jornada, durante ese periodo se habrían aprobado y aplicado disposiciones administrativas que facilitaron la concentración de contratos en un grupo reducido de empresas proveedoras de materiales y documentación electoral, relacionadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

La información señala que Jacobo Molina participó en la elaboración, actualización y aplicación de reglamentos internos en materia de adquisiciones. Entre ellos destaca el ordenamiento aprobado en 2009, durante la presidencia de Leonardo Valdés Zurita, que contemplaba facultades para autorizar determinadas adjudicaciones directas sin pasar por el Comité de Adquisiciones, además de establecer excepciones para proveedores únicos y otros procedimientos.

Posteriormente, en 2020, Jacobo presentó una propuesta de actualización del reglamento ante el Consejo General del INE, entonces encabezado por Lorenzo Córdova. Sin embargo, los mecanismos establecidos en estas disposiciones también son objeto de cuestionamientos por posibles deficiencias en la supervisión, concentración de facultades y falta de controles para evitar conflictos de interés o simulación de competencia entre proveedores.

Entre los datos citados en la investigación destacan los informes del Órgano Interno de Control del INE, según los cuales, entre 2015 y 2023 se formalizaron tres mil 835 contratos, de los cuales 76 por ciento fueron mediante adjudicación directa, por un monto de siete mil 37 millones de pesos.

Asimismo, se señala que empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas fueron incorporadas al Catálogo General de Proveedores del instituto, lo que habría facilitado su participación en contrataciones del organismo electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales.

La revisión también busca determinar si las disposiciones administrativas permitieron favorecer a determinados proveedores mediante sociedades relacionadas, representantes comunes o procedimientos que aparentaban competencia entre distintas empresas.

Los cuestionamientos contra el exfuncionario ocurren en medio de las investigaciones que realizan la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control del INE y la Fiscalía General de la República sobre contratos celebrados por el organismo electoral.

Un día antes, Edmundo Jacobo manifestó públicamente que está dispuesto a colaborar con las autoridades en las indagatorias y aseguró que no se esconderá ante los señalamientos. También cuestionó que se pretenda responsabilizar únicamente a antiguos funcionarios, sin revisar la actuación de las actuales autoridades electorales.

Hasta el momento, los señalamientos sobre su participación en el diseño y aplicación de las normas de contratación forman parte de una revisión documental y no representan, por sí mismos, una resolución que determine responsabilidades penales o administrativas en su contra.