Asunción, Paraguay, 5 de noviembre de 2026.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo en medio de una profunda crisis financiera y política provocada por el colapso de Ueno Bank, institución que fue intervenida por el Banco Central debido a graves problemas de solvencia y que dejó a millones de usuarios sin acceso a sus ahorros.
La decisión del mandatario se produjo mientras la Cámara de Diputados debatía iniciar un juicio político en su contra y contra el vicepresidente Pedro Alliana, por presuntas irregularidades relacionadas con la entidad bancaria y el manejo de recursos públicos. La iniciativa fue respaldada por legisladores de oposición y disidentes del oficialismo.
Peña anunció su salida mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que aseguró que su decisión buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. También ofreció disculpas a la población y expresó su deseo de que los afectados por el cierre del banco puedan recuperar sus recursos.
La crisis estalló después de que el Banco Central de Paraguay detectara que Ueno Bank tenía un nivel de solvencia inferior a la mitad del mínimo legal requerido, por lo que ordenó su intervención y el inicio de un procedimiento para resolver la situación financiera de la institución. La medida afectó a aproximadamente 2.9 millones de clientes, quienes quedaron sin posibilidad de disponer de sus cuentas y depósitos.
El caso adquirió mayores dimensiones debido a los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el grupo propietario de la institución bancaria, del que fue accionista hasta 2025. Además, durante su administración, Ueno recibió importantes depósitos de organismos públicos, incluidos recursos relacionados con el sistema de seguridad social.
La oposición acusó al mandatario de posibles conflictos de interés, tráfico de influencias y uso indebido de fondos públicos, señalamientos que forman parte de las denuncias y procedimientos de investigación. La crisis también provocó protestas en Asunción, donde ahorradores, jubilados y trabajadores exigieron la devolución de su dinero y responsabilidades por el colapso financiero.
Aunque Peña presentó su renuncia, la Cámara de Diputados aprobó avanzar con el juicio político y rechazó su dimisión, con el propósito de evitar que conservara los fueros asociados a la figura de senador vitalicio. Por ello, el proceso quedó sujeto a la intervención del Senado, que deberá determinar los pasos constitucionales correspondientes.
La situación también alcanzó a las autoridades financieras del país, luego de la salida del titular del Banco Central y la detención de directivos de Ueno Bank, mientras las investigaciones buscan esclarecer las operaciones de la institución y el destino de los recursos públicos y privados involucrados.
