Washington, Estados Unidos, 5 de noviembre de 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra personas y empresas vinculadas con Cuba, además de ampliar las restricciones económicas a sectores estratégicos de la isla, entre ellos electrónica, manufactura, industria marítima y tecnología. Las medidas fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para incrementar la presión económica sobre el gobierno cubano.

El nuevo paquete de sanciones contempla a ocho entidades y dos personas, además de identificar cinco embarcaciones como bienes bloqueados. De acuerdo con el gobierno estadounidense, los señalados mantienen vínculos con redes de transporte de petróleo, empresas estatales de importación y asistencia técnica, así como proveedores extranjeros relacionados con las Fuerzas Armadas cubanas.

Entre las compañías sancionadas se encuentran las navieras Caroil Transport Marine, de Chipre, y Tentacool Commercial, de Panamá, además de las empresas cubanas Internacional Marítima y Petróleos Marítimos del Caribe (Petromarca), relacionadas con el transporte de petróleo y sus derivados.

También fueron incluidas las entidades estatales Cubaelectrónica y Tecnosime, dedicadas a actividades de importación de productos electrónicos y prestación de servicios tecnológicos. Asimismo, las compañías chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies fueron señaladas por Washington por presuntamente suministrar componentes y equipos vinculados con las capacidades militares y de seguridad de Cuba.

Entre las personas sancionadas figuran Guillermo Rodríguez López-Calleja, relacionado con redes de transporte marítimo de productos petrolíferos, y Any Rodríguez Lastres, hija de la presidenta del conglomerado empresarial militar cubano GAESA.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, justificó las medidas al señalar que el gobierno cubano utiliza redes empresariales y financieras para mantener sus estructuras económicas y militares, además de beneficiar a sectores cercanos al poder. Estas acusaciones fueron presentadas por Washington como parte de los argumentos para ampliar las restricciones.

Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro, emitió una disposición que permite aplicar sanciones a personas extranjeras que operen o hayan participado en actividades relacionadas con los sectores manufacturero, tecnológico, electrónico y marítimo de la economía cubana.

Las nuevas restricciones implican el bloqueo de bienes e intereses financieros de las personas y entidades sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de realizar determinadas operaciones comerciales con ellas.

Estas medidas se producen en medio de las tensiones entre Washington y La Habana y de una profunda crisis económica y energética en Cuba, donde la escasez de combustible y los prolongados apagones han afectado las actividades productivas y la vida cotidiana de la población.

La decisión también amplía la presión estadounidense sobre las relaciones comerciales de Cuba con otros países, particularmente con empresas extranjeras que participan en el suministro de tecnología, equipos y servicios marítimos.