Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios y exfuncionarios del organismo electoral, así como empresas proveedoras, por su probable participación en hechos que podrían constituir diversos delitos.
El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó sobre estas acciones mediante un escrito dirigido a los presidentes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Entre las conductas señaladas se encuentran el uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho, además de otros posibles delitos que determinen las autoridades competentes.
De acuerdo con fuentes legislativas, entre las personas que estarían relacionadas con las denuncias figuran la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas. No obstante, el OIC no hizo pública la identidad de todas las personas involucradas ni precisó la participación que habría tenido cada una en los hechos investigados.
Asimismo, Carvente Contreras informó que ocho personas servidoras y exservidoras públicas, además de una empresa, fueron emplazadas a comparecer en audiencias iniciales por la probable comisión de faltas administrativas graves. Los expedientes correspondientes podrían ser remitidos posteriormente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que deberá determinar las responsabilidades que procedan.
Las denuncias se relacionan con presuntas irregularidades en la contratación de servicios y materiales para organismos electorales. Como antecedente, el titular del OIC expuso ante la Cámara de Diputados que, entre 2014 y 2025, cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí obtuvieron contratos por un monto de dos mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales.
Según lo señalado, las compañías habrían simulado competencia para obtener las adjudicaciones y tendrían vínculos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, entre otras personas. Las investigaciones buscan esclarecer si existieron acuerdos para favorecer a determinados proveedores y si servidores públicos intervinieron de manera irregular en los procesos de contratación.
Por su parte, el INE confirmó que presentó una denuncia formal ante la FGR para que se investiguen posibles hechos de corrupción relacionados con contratos de años recientes, incluidos los correspondientes a la elección judicial de 2025 y a la producción de la credencial para votar. El organismo afirmó que estas acciones responden a su obligación de proteger la legalidad, la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, bajo una política de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa su integridad.
