Piden gobernadores a la Corte mantener prisión preventiva
Redacción | V+ Noticias
Ciudad de México. Los 32 integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) pidieron a la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, que el máximo tribunal preserve la prisión preventiva oficiosa.
Si se elimina esta figura, advirtieron en una carta, se pondría en riesgo la seguridad pública del país y se afectaría a testigos y víctimas, pues personas acusadas de delitos graves saldrían de prisión.
«La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito», señalaron.
Los mandatarios indicaron que la restricción a la libertad que se pretende declarar inválida se usa en delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves.
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Además, aseguraron, se recurre a ella cuando otras medidas cautelares no resultan suficientes para garantizar la comparecencia a juicio del imputado, permitir el desarrollo de la investigación o asegurar la protección de la víctima y de los testigos
«No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados de analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa», advirtieron.
Eliminar este recurso del marco legal, en cumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vulneraría la Constitución, pues se subordinaría la Carta Magna a un acuerdo internacional, consideraron.
«Es necesario mantener la supremacía constitucional, respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno, con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra carta magna, sino evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos periciales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto», sostuvieron.
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La misiva, explicaron, la enviaron bajo la figura de amicus curiae (amigos de la Corte), para que los ministros tomen en cuenta sus argumentos al momento de debatir el proyecto.
«Hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país, y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos, por tanto, la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder Judicial tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados», señalaron.
De acuerdo con el calendario establecido por la Corte, la prisión preventiva oficiosa se discutirá a partir del próximo 10 de junio.
Gobernadores de los 32 estados se unieron para pedirle a la SCJN que no elimine la prisión preventiva oficiosa, porque podría impactar en la seguridad y gobernabilidad del país. Esto luego de que la #CIDH declaró que es una medida “contraria a las garantías internacionales”. pic.twitter.com/OXzBtdrY9X
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 7, 2024
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