Callan los 8 militares implicados en caso Ayotzinapa
Redacción | V+ Noticias
Ciudad de México. Los 8 militares procesados por el caso Ayotzinapa se reservaron su derecho a declarar ante una juez federal, en la nueva acusación por el delito de delincuencia organizada que, supuestamente, los implica con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Alejandro Robledo Carretero, defensor de los soldados, confirmó que también solicitaron duplicar el término legal para que les definan su situación jurídica, razón por la que será a más tardar el próximo miércoles cuando se determine si les dictan o no la formal prisión.
Los ocho militares indiciados en esta nueva causa judicial permanecerán internados en el Campo Militar Número 1, por lo menos hasta que Raquel Duarte Cedillo, juez segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, resuelva si les inicia o no un juicio.
En caso de que les dicten la formal prisión, permanecerán en la cárcel porque fueron acusados bajo las reglas del sistema de justicia tradicional o escrito, en el que la delincuencia organizada es un delito grave y sin derecho a libertad provisional.
Cabe decir que esto no impide que puedan litigar para conseguir llevar el proceso en libertad.
Los 8 militares acusados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz.
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Todos ellos eran integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería en Guerrero cuando desaparecieron los 43 normalistas en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.
El 13 de junio del año pasado, la juez Duarte Cedillo ordenó la aprehensión de 16 militares de dichos batallones por el delito de desaparición forzada, por el caso de los normalistas.
Entre ellos estaban los 8 militares ahora acusados, quienes en aquella ocasión se entregaron a la Fiscalía General de la República apenas una semana después de ordenarse sus capturas.
La jueza les dictó la formal prisión en esa primera acusación y permanecieron internados en el Campo Militar Número 1 hasta el pasado 24 de enero, cuando les concedieron la libertad provisional mediante el pago de una garantía de 50 mil pesos y distintas condiciones, como la prohibición de salir del país y de acercarse a víctimas y testigos.
El mismo día en que dejaron la cárcel, la Secretaría de Gobernación dijo que pediría a la FGR proceder de nueva cuenta contra de estos militares, con la finalidad de que volvieran a ser capturados.
«Se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación», anunció la Segob.
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Fue así como la Fiscalía pidió y consiguió las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada.
Con el nuevo mandamiento judicial, fueron detenidos ayer tres de los 8 militares, mientras que los cinco restantes hicieron lo mismo que el año pasado: entregarse de nueva cuenta a la autoridad.
La nueva acusación señala que el grupo criminal Guerreros Unidos pagaba una nómina de militares que eran parte de los Batallones 27 y 41 de Infantería, un señalamiento que, originalmente, procede de los testimonios del testigo protegido Juan.
Guerreros Unidos es la organización criminal que desapareció a los normalistas luego de que le fueran entregados por policías municipales, según las investigaciones de la FGR.