Denuncian despojo de predio con acceso a playa por un morenista, en Baja California
Manuel Alejandro Alvarez Torres | Agencia Reforma
El Ayuntamiento de La Paz, en Baja California Sur, gobernado por Morena, fue acusado de invasión y despojo en un predio con acceso a la playa.
El pasado 9 de mayo, el Ayuntamiento gobernado por Milena Quiroga, presumió que liberó un acceso a la playa en Puerto Mejía, pero quienes afirman ser propietarios del predio denunciaron que la acción implicó un abuso de autoridad e invasión de propiedad privada.
Para la Alcaldía se trató de la recuperación de un acceso público a la playa e incluso difundió fotografías del retiro de un portón.
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Los propietarios del predio denominado «Agua de Mejía» en la delegación de La Fortuna, expusieron que el Ayuntamiento morenista revivió un pleito que ya había resuelto un tribunal en julio de 2016. Afirman que el predio, que tiene una extensión de más de 65 hectáreas, es de su propiedad desde el 14 de enero de 2010, y en él levantaron una barda de aproximadamente 20 metros de largo, pero dejaron un paso peatonal para todo aquel que quisiera acceder a la playa.
Pero el 8 de mayo pasado, escoltado por policías municipales, Jorge Pavel Castro, secretario del Ayuntamiento de La Paz, ordenó el retiro de la estructura metálica.
En 2012, el Municipio y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interpusieron una denuncia penal y procedimientos administrativos por el delito de «ilícito contra las vías de comunicación y/o lo que resulte», luego de que dos años antes, los propietarios levantaran una barda de 20 metros de largo por cuestiones de seguridad.
Por la vía legal, los afectados defendieron que la barda y el portón eléctrico no invadían la vía pública o camino vecinal alguno y se logró el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, pues el juzgador no encontró la existencia del ilícito reclamado por las autoridades.
Esto quedó asentado en la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en la sesión celebrada el 15 de julio de 2016.
Asimismo, la Profepa, en su delegación estatal, concluyó que la construcción se ubicaba en propiedad privada. Aunado a que, según los propietarios, desde hace más de una década existe un paso peatonal abierto a todo aquel que quiera acceder a la playa.
Por estos hechos se presentó una demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito del Estado, con residencia en La Paz, BCS. En esta, y en la denuncia de hechos levantada ante el Agente del MP, adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Procuraduría local, se reprochó que la acción no estaba sustentada por ninguna autorización oficial.
¿Qué dice el representante legal?
«Estos hechos son totalmente ilegales y autoritarios porque sin contar con una orden judicial, ni habernos concedido la garantía de audiencia en favor de mi representada, el señor Jorge Pavel Castro Ríos se introdujo a la propiedad privada y quitaron un portón. De plano se lo robaron porque lo quitaron y no lo dejaron en el lugar», denostó Mario Sánchez, representante legal.
«El Ayuntamiento no tiene forma de demostrar que el portón se encontraba en un acceso público puesto que ya en una denuncia que anteriormente el Municipio interpuso en contra de mi representada se acreditó que ese no es un camino vecinal», agregó.
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En sesión virtual del 6 de junio pasado, el Primer Tribunal Colegiado del vigésimo sexto circuito falló a favor de los ciudadanos, y llamó a las autoridades de abstenerse de emitir y realizar actos de invasión, despojo, allanamiento o actividades similares en el predio, y les pidió volver a colocar el portón.
Sin embargo, el pasado 23 de junio, personal del Ayuntamiento ingresó a la propiedad para realizar trabajos de raspado con maquinaria pesada para desmonte, y abrir el camino a la playa. Por estos actos y por el retiro de especies vegetales, los dueños acudieron a la Profepa a interponer una denuncia.