Vienen otras detenciones relacionadas al huachicol fiscal, asegura Sheinbaum

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se esperan nuevas detenciones en el marco de la investigación por huachicol fiscal, luego de que se identificara el ingreso ilegal de combustible mediante la alteración de fracciones arancelarias. 

Sheinbaum explicó que la investigación se inició en marzo pasado cuando un buque procedente de otro país fue detectado con millones de litros de combustible ilegal en el puerto de Tampico, Tamaulipas, lo que motivó denuncias formales presentadas por la Secretaría de Marina y Aduanas. 

Señaló que luego del aseguramiento del buque se emprendieron operativos que han culminado ya en detenciones de empresarios, miembros de la Armada, oficiales de aduanas tanto activos como retirados, quienes presuntamente participaron en la red.

La mandataria resaltó que este caso fortalece las instituciones, particularmente la Marina, pues actuar contra quienes cometen irregularidades dentro de sus filas da credibilidad y demuestra que no hay protección para quienes incurren en delitos.

Sheinbaum admitió que aún se desconoce desde cuándo operaba la red más allá de marzo de este año, señalando que las investigaciones apuntan hacia atrás pero que no hay certeza del origen completo del esquema. 

Afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) profundizar en el caso, esclarecer cuántas empresas están involucradas, qué funcionarios participaron y deslindar responsabilidades legales, para que no quede impunidad. 

Sheinbaum rechazó que haya participación directa del expresidente Andrés Manuel López Obrador o de sus hijos, aclarando que las detenciones y denuncias surgieron tras detectar el buque en marzo, cuando ella ya era presidenta, y que ese fue el punto de partida claro de las pruebas. 

En suma, la presidenta aseguró que el gobierno federal mantiene firme compromiso con la transparencia y el combate al huachicol fiscal, enfatizando la necesidad de que las autoridades actúen con prontitud y eficacia, y que los responsables rindan cuentas bajo la ley.