Venezuela denuncia guerra no declarada con despliegue de EE.UU. en el mar Caribe
Caracas, 20 de septiembre de 2025. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, calificó como “una guerra no declarada” la escalada de amenazas y agresiones que ha efectuado Estados Unidos hacia su país a partir del despliegue militar que Washington inició hace cinco semanas en la parte sur del Caribe. Para las autoridades venezolanas, ese despliegue naval, aéreo y terrestre configura no solo una presión militar directa, sino una violación de soberanía que trasciende las sanciones y bloqueos económicos previamente aplicados.
Según explicaron los funcionarios del gobierno bolivariano, personas han sido asesinadas en el mar Caribe, ya sea que estuvieran vinculadas al narcotráfico o no, sin que se les haya ofrecido derecho a la defensa, lo que condenan como actos ilegítimos y criminales. Se critica el uso de bombardeos contra embarcaciones atribuidas por EE.UU. al tráfico de drogas, sin que se hayan presentado pruebas claras de esas acusaciones, ni confirmación de que los botes atacados se dirigían hacia territorio estadounidense.
El presidente Donald Trump anunció ataques el 2 y el 15 de septiembre en los que fuerzas estadounidenses bombardearon embarcaciones que, según su versión, transportaban drogas desde Venezuela hacia EE.UU. El Gobierno venezolano asegura que no existen evidencias públicas que corroboren esas afirmaciones, y que las identidades de los fallecidos aún no han sido reveladas.
En respuesta a lo que califican como una amenaza militar grave, Venezuela llevó a cabo recientemente ejercicios militares bajo el nombre de “Caribe 200” en los que participaron fuerzas navales, aéreas y terrestres. Durante los ejercicios el ministro Padrino López hizo un llamado a otras naciones a observar lo que sucede, advirtiendo que el comportamiento estadounidense podría sentar precedentes peligrosos en el derecho internacional.
Caracas también solicitó la intervención del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para exigir el cese de las acciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe, argumentando que dichas acciones amenazan la estabilidad hemisférica y vulneran los derechos humanos del pueblo venezolano y de la región.
El embajador Alexander Yánez describió que el asedio ha escalado de sanciones económicas a agresiones militares explícitas, incluyendo el despliegue de un submarino nuclear entre los recursos militares movilizados por Washington, según sus denuncias. Señaló que estas operaciones configuran una violación flagrante de la Carta de la ONU.
El fiscal general Tarek W. Saab exigió que instancias internacionales de derechos humanos investiguen lo que calificó como masacres cometidas por las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones venezolanas en alta mar, e hizo hincapié en el uso de misiles y otras armas letales que, en su opinión, han sido usadas indiscriminadamente contra pescadores indefensos.
Mientras tanto, el gobierno de Venezuela no se limita a las denuncias diplomáticas, sino que ha reforzado su despliegue militar interno, con ejercicios y entrenamiento de la Milicia Nacional Bolivariana, además de acciones en circuitos comunales para preparar al pueblo ante lo que consideran una potencial agresión externa.