UV: Ya hay amparo por prórroga de Martín Aguilar; exrectores acusan “decisión ilegal”

Redacción | V+ Noticias

Xalapa, Veracruz. El investigador Jorge Manzo Denes, académico de la Universidad Veracruzana (UV) y aspirante a la rectoría, presentó una solicitud de amparo indirecto, con el objetivo de impugnar la prórroga concedida por la Junta de Gobierno al actual rector Martín Aguilar Sánchez, a quien se le extendió su mandato para un segundo periodo al frente de la máxima casa de estudios de la entidad.

En su escrito, Manzo Denes expuso que hubo irregularidades en la actuación de la Junta de Gobierno, al considerar que dicho órgano transgredió principios contenidos tanto en la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Indicó que los actos reclamados corresponden directamente a los integrantes de la Junta, a quienes identifica como autoridades ordenadoras y ejecutoras de una eventual prórroga considerada improcedente.

“Le resulta el carácter de ordenadora y ejecutora a los miembros de la H. Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, quienes son responsables de la vulneración de los derechos de los académicos y universitarios”, se señala en la demanda.

El recurso fue interpuesto con base en los artículos 103 y 107 constitucionales, así como en los artículos 1, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 103, 107, 108 y 123 de la Ley de Amparo, además de otras disposiciones aplicables.

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El 27 de junio pasado, el investigador acudió personalmente a las oficinas de la Junta de Gobierno para entregar una solicitud de inscripción como aspirante a la rectoría, pero no fue recibido por ningún integrante.

Explicó que su acto se sustentó en el artículo octavo constitucional, además de los artículos 27 y 28 del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno, a pesar de que no se había emitido convocatoria alguna.

“Llegué alrededor de las diez con diecinueve de la mañana, dentro del horario laboral establecido (de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hora), pero personal del área contable me informó que no había nadie de la Junta presente y ni siquiera una secretaria que pudiera recibir el documento”, explicó.

“El artículo octavo de la Constitución señala también que la institución a la que se le hace la solicitud está obligada a recibirla, en día y horario hábiles. Aquí no hay nadie que nos reciba. No sé si se enteraron antes o es coincidencia, pero levanta sospecha de que está sucediendo”.

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En paralelo, tres exrectores de la UV —Sara Ladrón de Guevara, Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo Álvarez— emitieron una carta abierta en la que llamaron a los consejeros universitarios a desconocer lo que calificaron como una “decisión ilegal” de la Junta de Gobierno.

Afirmaron que esta medida impide el ejercicio pleno del derecho universitario a participar en un proceso abierto de sucesión.

“Actuar en defensa de la legalidad no es una osadía, es un deber. Es por ello por lo que hacemos un llamado respetuoso pero firme a los miembros del Consejo Universitario General, máximo órgano colegiado de nuestra universidad, para que asuman con plena conciencia su responsabilidad histórica”, manifestaron.

Los exrectores subrayaron que la legislación universitaria, específicamente el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, estipula que el rector durará cuatro años en su encargo y podrá ser designado por un segundo periodo, siempre y cuando participe en un procedimiento competitivo con otras propuestas y bajo una convocatoria abierta.

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Agregaron que la figura de la prórroga no está prevista en ninguna disposición legal vigente.

Denunciaron que dicha decisión constituye un intento desmesurado de apropiación de la institución, y recordaron que la autonomía universitaria exige transparencia, legalidad y pluralidad.

“Violar las normas de sucesión y designación del rector por razones oscuras y argumentaciones legaloides no sólo debilita la autonomía, sino que contradice su espíritu”, afirmaron.

Finalmente, los exrectores señalaron que no se trata de una disputa personal ni de aspiraciones individuales, sino del respeto al marco legal y al principio rector que debe imperar en cualquier universidad pública: la legalidad sobre la conveniencia personal.

Con información de Diario de Xalapa

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