UIF y Seguridad destapan red de lavado en casinos que operaba en siete estados
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2025. La investigación conjunta del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gabinete de Seguridad federal identificó que 13 casinos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México sirvieron como núcleos de lavado de dinero mediante esquemas sofisticados de simulación fiscal, transferencias al extranjero y operaciones digitales no reguladas.
Según lo expuesto por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los casinos implicados realizaban simulación fiscal declarando ingresos mínimos o cero ante el fisco mientras dispersaban recursos entre empresas filiales para aparentar operaciones legítimas, lo que permitía ocultar montos reales de dinero circulando aprovechando el efectivo intensivo del sector.
Otra modalidad detectada fue la de transferencias internacionales sin justificación: flujos millonarios salieron de México hacia países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, dirigidos a cuentas sin respaldo documental que acreditara su origen o destino. Este movimiento evidenció el uso del sistema financiero global para ocultar recursos de procedencia ilícita.
Un tercer esquema consistió en el uso de plataformas digitales fuera del control regulatorio nacional: casinos online o agregadores tecnológicos operaban con procesadores de pago internacionales, con destinos como Malta o Emiratos Árabes Unidos, lo que facilitaba la anonimización de operaciones y reforzaba la complejidad de rastreo para autoridades mexicanas.
Parte de la estrategia también contempló el uso de personas vulnerables como intermediarias: estudiantes, amas de casa, jubilados o personas sin ingresos identificados fueron reclutadas para mover dinero desde sus cuentas o tarjetas, lo cual reducía el riesgo de detección al asociar montos considerables con perfiles económicos que aparentemente no justificaban tales movimientos.
Como consecuencia de estos hallazgos, se procedió al bloqueo de cuentas bancarias, suspensión de operaciones de los 13 casinos señalados, cierre temporal de páginas electrónicas de apuestas y presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y omisiones en materia tributaria.
Ante la complejidad del esquema, el gobierno federal anunció que impulsará una reforma regulatoria para actualizar la legislación de casinos y apuestas digitales, cerrando vacíos legales que permitían el uso de plataformas internacionales no supervisadas y reforzando la supervisión del sector, incluida la obligatoriedad de reportes ante la UIF.