Trump revocaría ciudadanía estadounidense a naturalizados con antecedentes penales
Redacción | V+ Noticias
Washington, Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump formalizó una política que permite retirar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas que hayan cometido ciertos delitos, según un memorando del Departamento de Justicia publicado el 11 de junio.
Este documento instruye a los fiscales a dar prioridad a procedimientos civiles de desnaturalización cuando se determine que la ciudadanía fue obtenida de manera ilegal o mediante “la ocultación de un hecho material o por una tergiversación voluntaria”.
La directiva afecta potencialmente a unos 25 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero, de acuerdo con estimaciones del año 2023. El memorando detalla diez categorías prioritarias para aplicar la medida, entre las que se encuentran individuos involucrados en “crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales u otras graves violaciones de derechos humanos… (así como) criminales naturalizados, miembros de pandillas o cualquier persona condenada por delitos que representen una amenaza continua para Estados Unidos”.
Una característica clave del memorando es que, al tratarse de procedimientos civiles, los acusados no tienen derecho a un abogado como en los procesos penales, y el umbral probatorio es considerablemente menor, facilitando que el Estado obtenga fallos favorables.
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El documento otorga mayor discrecionalidad a los fiscales del Departamento de Justicia para proceder con desnaturalizaciones, incluyendo casos de fraude en formularios migratorios, fraudes financieros o médicos contra el Gobierno o particulares, o procesos remitidos por fiscalías federales o en el contexto de cargos penales pendientes.
Esta política se enmarca en una reorientación de prioridades en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, la cual ha sido central en las iniciativas de Trump, incluyendo la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y la prohibición de tratamientos médicos para personas transgénero.
En ese contexto, el 13 de junio un juez revocó la ciudadanía de Elliott Duke, veterano del Ejército estadounidense originario del Reino Unido, quien había sido condenado por distribución de material de abuso sexual infantil y no reveló dicho delito en su proceso de naturalización.
La política ha generado inquietud entre juristas especializados en inmigración, quienes advierten que estos procedimientos pueden crear una categoría inferior de ciudadanía. “Es una forma de, en cierto modo, intentar crear una segunda clase de ciudadanos estadounidenses”, declaró Sameera Hafiz, directora de políticas del Centro de Recursos Legales de Inmigración al medio National Public Radio (NPR).
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Mientras tanto, la División de Derechos Civiles atraviesa una crisis institucional, en medio de una transformación profunda de su misión tradicional centrada en la lucha contra la discriminación racial. Según NPR, entre enero y mayo de 2025 aproximadamente 250 abogados, equivalentes al 70 por ciento del personal legal de la división, renunciaron a sus cargos.
En otra acción inusual, el Departamento de Justicia demandó recientemente a 15 fiscales de distrito de Maryland por bloquear órdenes de deportación inmediata contra migrantes que impugnan su expulsión.
La política se da también en un contexto de creciente escrutinio: la agencia ICE reportó su decimotercera muerte bajo custodia en el actual año fiscal, que inició en octubre de 2024. En comparación, hubo 12 muertes durante todo el año fiscal anterior.
Finalmente, el 28 de junio, Jim Ryan, rector de la Universidad de Virginia, renunció en medio de una investigación de la División de Derechos Civiles sobre el uso de programas DEI y la consideración de raza y etnicidad en becas y admisiones.
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