Suspenden prisión preventiva a médico que compró fentanilo
La Paz, Baja California Sur. El anestesiólogo Gustavo Aguirre, acusado de delitos contra la salud relacionados con la compra de fentanilo, obtuvo un amparo que suspende la prisión preventiva oficiosa que había sido dictada en su contra por un juez federal.
El juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Alfonso Olachea Aragón, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de La Paz, había ordenado la prisión preventiva de Aguirre debido a su probable responsabilidad en la posesión de sustancias como fentanilo, morfina, efedrina y Delta-9-Tetrahidrocannabidol (THC) con fines de suministro.
La medida de prisión preventiva oficiosa implicaba que el médico debía ingresar al Centro Penitenciario en La Paz, Baja California Sur, en un plazo de 36 horas, y esperar su audiencia programada para el 5 de septiembre.
Sin embargo, el amparo otorgado le permite a Aguirre evitar la prisión preventiva, y en su lugar, se le conceden medidas cautelares que serán evaluadas en una audiencia de revisión en un juzgado de Los Cabos, Baja California Sur, programada para este sábado.
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El propio médico compartió su experiencia en redes sociales, expresando su sorpresa y gratitud por el giro inesperado en su situación legal. Mencionó que, inicialmente, había preparado su mente para enfrentar la prisión, pero luego recibió la noticia del amparo.
Aguirre Castro había sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por comprar fentanilo en una farmacia de Guadalajara, alegando que tenía la intención de utilizarlo en su práctica médica. El caso generó controversia y la comunidad médica en México exigió su liberación y modificaciones en la legislación relacionada con la compra de medicamentos por parte de profesionales de la salud.
El médico había denunciado previamente hostigamiento por parte de la FGR, al informar que su domicilio había sido cateado y que incluso sus hijas menores de edad habían sido interrogadas por agentes federales.
También presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar su vida, libertad y patrimonio, citando un riesgo inminente debido a la posible vulneración de sus derechos y acusando al Estado mexicano de fabricar delitos en su contra.
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