Suprema Corte de EU rechaza demanda de México contra fabricantes de armas
Redacción | V+ Noticias
Washington, Estados Unidos. La Suprema Corte de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda presentada por el Gobierno de México contra diversos fabricantes de armas, en la cual se pretendía responsabilizar a dichas empresas por la violencia atribuida a los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.
La decisión fue redactada por la jueza Elena Kagan, quien sostuvo que la legislación estadounidense vigente —específicamente la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas promulgada en 2005— impide este tipo de demandas al otorgar inmunidad jurídica a los productores de armas en ciertos casos.
La magistrada concluyó que México no presentó un argumento plausible que demostrara que las empresas demandadas colaboraron intencionadamente con comerciantes ilegales de armas que abastecen a organizaciones criminales mexicanas.
México sostuvo que la fabricación y comercialización de armas en Estados Unidos ha contribuido de forma directa al fortalecimiento logístico de los cárteles, afectando al Gobierno nacional.
En sus alegatos, los representantes legales del Estado mexicano aseguraron que las compañías demandadas tenían conocimiento de que algunas de sus armas eran objeto de tráfico ilegal, por lo cual consideraban que debía aplicarse una excepción legal que permitiera proseguir con la demanda.
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En la argumentación judicial, Kagan subrayó: “México tiene un grave problema de violencia armada, que su Gobierno considera proveniente del norte de la frontera”, pese a que el país latinoamericano cuenta con una sola tienda de armas y expide menos de 50 permisos anuales para su portación.
Durante una audiencia oral celebrada a principios de marzo, la mayoría de los integrantes del máximo tribunal mostraron escepticismo respecto a que México pudiera establecer un vínculo directo entre la industria armamentista y los episodios de violencia protagonizados por los cárteles.
Varios jueces se mostraron convencidos de que la ley de 2005, que blinda a los fabricantes y distribuidores contra la mayoría de las demandas domésticas por daños provocados con armas de fuego, también era aplicable en este caso.
El litigio se originó en 2021, cuando México interpuso una demanda en una corte federal de Massachusetts contra varios productores estadounidenses de armas y un distribuidor, solicitando una compensación de 10 mil millones de dólares.
En dicha acción legal, el Estado mexicano argumentó que las actividades de las compañías armamentistas habían sobrecargado las funciones de la Policía, las fuerzas armadas y el sistema judicial. Asimismo, se les acusó de actuar con negligencia en la promoción, distribución y venta de armas de alta capacidad.
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Las empresas demandadas respondieron exigiendo la desestimación del caso, amparándose en la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas. Dicha legislación fue firmada tras una oleada de demandas interpuestas por diversas comunidades estadounidenses, las cuales atribuían la violencia armada a los fabricantes de armas.
La jueza Kagan escribió que este conjunto de demandas impulsó al Congreso a aprobar la legislación que exime de responsabilidad a los fabricantes por los daños causados por un uso indebido de sus productos.
Kagan precisó que “la demanda de México se asemeja en gran medida a las que el Congreso tenía en mente” al aprobar la ley. “Busca recuperar daños de fabricantes de armas estadounidenses por los estragos posteriores que provocan con sus armas los miembros de los cárteles mexicanos”, añadió.
La legislación incluye una excepción en caso de que un fabricante facilite o colabore activamente en un delito federal relacionado con armas. México argumentó que las compañías actuaron como “cómplices voluntarios” en ventas ilícitas efectuadas por distribuidores minoristas, permitiendo que los delincuentes accedieran al armamento.
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Además, el país alegó que las firmas armamentistas diseñaron y promovieron deliberadamente productos para atraer el interés de los miembros de los cárteles.
En la opinión emitida por la Corte, Kagan hizo referencia a una pistola calibre .38 de edición especial, denominada Emiliano Zapata 1911, la cual lleva grabado el rostro del caudillo revolucionario mexicano y una frase atribuida a él: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”.
La jueza escribió que, si bien las armas con “nombres en español o imágenes alusivas a la historia mexicana” podrían, como afirmó México, ser codiciadas por los cárteles, también podrían atraer a millones de ciudadanos respetuosos de la ley.
Una corte de primera instancia había desestimado la demanda. No obstante, en enero de 2024, una corte de apelaciones revivió el proceso, considerando que cumplía con la excepción legal por violaciones deliberadas de las leyes de armas de fuego que conllevaran daños directos al demandante.
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