Sheinbaum advierte que combate al ‘huachicol fiscal’ llegará hasta las últimas consecuencias
Ciudad de México, 24 de julio de 2025. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que el combate al huachicol fiscal será radical: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, aseguró, en referencia a la importación y comercialización de combustibles sin pago de impuestos como IEPS o IVA.
La mandataria explicó que las investigaciones, en colaboración con Estados Unidos, ya han generado información valiosa sobre las estructuras, incluyendo empresas fachadas y rutas aduanales utilizadas para importar crudo robado y disfrazarlo como otros productos libres de impuestos.
Sheinbaum detalló que el objetivo es garantizar la legalidad y trazabilidad del combustible, desde su origen hasta su destino en gasolineras, además de revisar permisos de importación y proceder con sanciones administrativas y penales cuando sea necesario.
Recordó que la embajada de Estados Unidos advirtió sobre un esquema binacional que involucra el robo de crudo en México, su refinación en Texas y su reimportación como combustible “legal”. Añadió que esta dimensión internacional exige un esfuerzo conjunto.
Esta estrategia incluye la modernización de los sistemas de monitoreo de ductos y refinerías, así como reformas al SAT y la Ley de Hidrocarburos para aumentar facultades de inspección, suspensión de permisos y persecución de responsables.
En lo que va del año, el gobierno ha asegurado varios decomisos impactantes: más de 15 millones de litros en Coahuila, 39 millones en ocho meses y clausura de una refinería clandestina, lo cual demuestra la intensificación de los operativos coordinados entre autoridades federales y estadounidenses.
Sheinbaum consideró que desmantelar el huachicol fiscal no solo protege las finanzas públicas —afectadas con pérdidas de hasta 9 000 millones de dólares al año—, sino que también desarticula esquemas de corrupción y financiamiento de redes del crimen organizado.
Con una clara advertencia, la presidenta reafirmó que la acción se mantendrá sin importar quién esté involucrado —funcionarios, empresas o intermediarios— y que la medida busca restablecer el estado de derecho y la soberanía energética del país.