Senado aprueba endurecer castigos contra la extorsión
Ciudad de México, 20 de noviembre de 2025. El Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la intención de homologar el tipo penal en las 32 entidades del país y endurecer las penas.
Con 110 votos a favor en lo general, el pleno senatorial respaldó el proyecto que reforma no solo el Código Penal Federal, sino también el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, los senadores modificaron el dictamen original para aumentar la pena mínima —antes propuesta en seis años— hasta 15 años de prisión, mientras que la máxima quedó en 25 años, según señalaron los legisladores.
Uno de los puntos más duros de la ley es que se consideran hasta 34 agravantes, lo que puede hacer que las penas se incrementen de manera sustancial si se dan circunstancias específicas como violencia, extorsión desde cárceles o uso de menores.
Entre las nuevas sanciones está un castigo de entre 10 y 20 años de cárcel para funcionarios públicos que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público la comisión de delitos relacionados con la extorsión, lo que busca cerrar un vacío de impunidad institucional.
La ley también prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en penales para realizar extorsiones desde el interior, como teléfonos celulares, lo que ha sido identificado por el Senado como uno de los modos más peligrosos para operar este delito.
Además, se prevé la creación de unidades especializadas en las fiscalías, dotadas de analistas, policías y ministerios públicos capacitados para atender específicamente los casos de extorsión, con protocolos homologados a nivel nacional.
El dictamen fue enviado de regreso a la Cámara de Diputados para que analice las modificaciones hechas por los senadores, antes de que la ley entre en vigor y se implemente como parte de la estrategia nacional de seguridad.