Sancionan a ciudadana por tuit contra diputada
Redacción | V+ Noticias
Ciudad de México.- La ciudadana Karla María Estrella, originaria de Hermosillo, Sonora, fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras una publicación en la red social X en la que cuestionó la candidatura de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras Samaniego, durante el proceso electoral de 2024.
El mensaje, difundido el 14 de febrero de ese año, insinuaba que la postulación de Barreras obedecía a la influencia de su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Cámara de Diputados. La legisladora denunció que el comentario invisibilizaba su trayectoria política y académica, configurando un acto de violencia política de género.
⚖️ #ResumenSemanal
— TEPJF (@TEPJF_informa) June 19, 2025
Del 6 al 12 de junio, el Pleno de la #SalaSuperior del #TEPJF resolvió 14 asuntos sin citar a sesión pública.
Conoce las sentencias que se emitieron en los siguientes enlaces. Abrimos hilo:👇#TribunalIndependiente #TribunalImparcial pic.twitter.com/PK0XoiRRak
Barreras solicitó la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE), que determinó la existencia de elementos suficientes para remitir el caso al Tribunal. Posteriormente, el TEPJF ratificó que la publicación sí representó una forma de violencia política por razón de género, al reproducir estereotipos que afectan a las mujeres en el ámbito público.
Como sanción, Karla María Estrella deberá pagar una multa, publicar una disculpa pública durante 30 días, tomar un curso en perspectiva de género, leer bibliografía especializada y compartir la sentencia en sus redes sociales. También fue inscrita en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género del INE por un periodo de 18 meses.
La diputada Barreras negó que la acción represente censura, y sostuvo que su objetivo es establecer un precedente que proteja a más mujeres en política. Afirmó no necesitar una disculpa, pero defendió el fallo como un avance para erradicar expresiones que perpetúan desigualdades.
El caso reabre el debate sobre libertad de expresión y violencia política en entornos digitales.
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