Reabren cuentas públicas para investigar a exfuncionarios de García Cabeza de Vaca
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 18 de septiembre de 2025. La Comisión Especial de Salud del Congreso de Tamaulipas aprobó reabrir cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018 para investigar presuntas irregularidades cometidas en el sexenio del ex gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, especialmente pagos hechos a los hermanos Carmona Ángulo por prestación de servicios.
El diputado Víctor Manuel Fuentes García, de Morena, planteó una revisión extraordinaria basada en los artículos pertinentes de la Constitución del estado y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con la intención de integrar una investigación que subsane deficiencias y detecte asuntos que no se habían observado en denuncias previas.
Se solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), presidida por Francisco Antonio Noriega Orozco, un informe detallado sobre las 14 acusaciones penales que fueron presentadas contra exfuncionarios y el propio García Cabeza de Vaca por acciones de corrupción en la Secretaría de Salud, así como sobre los procedimientos que pudieran estar vinculados a las cuentas públicas reabridas.
Entre las denuncias, siete decenas fueron presentadas en total por la Secretaría de Salud de Tamaulipas durante agosto, de las cuales catorce tienen carácter penal. Se acusa a los exfuncionarios de adjudicar contratos de manera ilícita, lo que habría causado un quebranto al erario que supera los trescientos cuarenta y tres millones de pesos, asociados directamente con empresas de los hermanos Carmona.
Las empresas señaladas incluyen Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Ángulo, y Grupo Industrial Joser, encabezada por Carlos Alejandro Romero Vega; éstas habrían sido receptoras de los pagos cuestionados durante las administraciones pasadas.
Elifalhet Gómez Lozano, también diputado de Morena y presidente de la Comisión de Salud, informó que el acuerdo del 2 de septiembre contemplaba ya la petición del informe de la ASE para revisar todas las denuncias relacionadas con la Secretaría de Salud, verificar si hay observaciones y los procedimientos en curso que guarden relación con las cuentas públicas objeto de las acusaciones.
Con estas medidas, los legisladores pretenden garantizar justicia y protección al patrimonio público, asegurando que los recursos del estado no hayan sido desviados o mal utilizados, y que los posibles responsables respondan por delitos que podrían implicar acciones penales.