Piratas y corsarios del siglo XXI acechan a Venezuela y el Gran Caribe
Ciudad de México, 18 de septiembre de 2025. En una columna de opinión publicada en La Jornada, se describe un fuerte despliegue militar de Estados Unidos en el Gran Caribe que incluye submarinos nucleares de ataque rápido, destructores lanzamisiles, cruceros de misiles guiados, buques anfibios portahelicópteros, sofisticados dispositivos de espionaje y más de cuatro mil efectivos militares.
El gobierno estadounidense justifica este movimiento con la lucha contra el narcotráfico, sin embargo el Informe Mundial sobre las Drogas señala que dicho ilícito tiene una escasa presencia en esas aguas y que Venezuela no aparece como país productor ni significativo en ese tráfico.
El autor advierte que, a pesar de los datos oficiales disponibles, las acciones militares continúan y se están construyendo narrativas que vinculan al presidente venezolano Nicolás Maduro con un supuesto cártel, al que se asigna la responsabilidad para justificar una amenaza a la seguridad nacional norteamericana.
Se menciona que la estrategia estadounidense tiene un alcance que va más allá de Venezuela: la implicación directa de Guyana y Trinidad y Tobago ha sido visible, Colombia ha manifestado su voluntad de sumarse a esfuerzos para mantener la paz, y se han pronunciado con fuerza Cuba y los países miembros del ALBA-TCP.
Se sostiene que el Gran Caribe constituye un enclave geopolítico de gran relevancia, integrado no solo por naciones insulares sino también por estados sudamericanos y centroamericanos, y que la militarización de la zona podría estar asociada con intereses estratégicos y económicos que trascienden las causas declaradas.
Se refiere a la presencia permanente de la Cuarta Flota de Estados Unidos desde 2008 como parte de una política de presiones económicas, psicológicas, cognitivas y de otro tipo dirigida especialmente contra países que han sido blancos políticos como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El artículo también señala la posible participación de empresas militares privadas vinculadas a intereses corporativos que podrían estar obteniendo beneficios en escenarios de militarización, seguridad y defensa, lo que podría incluir explotación de recursos naturales, minerales estratégicos, reservas ecológicas y rutas marítimas clave.
Se concluye que esta militarización y aumento de intervenciones bajo el pretexto de seguridad representan una amenaza para la soberanía, autodeterminación y estabilidad regional, y se hace un llamado a los países del Caribe latinoamericano para fortalecer su unidad política, diplomática y defensa, así como mecanismos de cooperación para frenar lo que se presenta como nuevo colonialismo o intervencionismo con justificaciones modernas.