Pareja de empresarios, vinculada al Cartel de Sinaloa
Redacción | V+ Noticias
Washington.- Eran una pareja en ascenso, símbolo del emprendimiento sinaloense: él, José Raúl Núñez Ríos, un abogado con inversiones en el sector inmobiliario y hotelero; ella, Sheila Paola Urías Vásquez, influencer de belleza y empresaria del maquillaje. Su historia de éxito colapsó este lunes cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los incluyó en su lista de sanciones por operar como facilitadores financieros del Cartel de Sinaloa, específicamente de la facción liderada por Los Chapitos.
Las autoridades identificaron un entramado de al menos diez empresas, dedicadas al desarrollo inmobiliario, la belleza, el entretenimiento y la hostelería, vinculadas a lavado de dinero del narcotráfico. Núñez es señalado como socio cercano de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, mientras que sus empresas habrían financiado las operaciones de Víctor Manuel Barraza Pablos, jefe de plaza en Mazatlán.
El auge económico del matrimonio coincidió con el boom inmobiliario en Mazatlán, un terreno fértil para ocultar capital ilícito. Núñez fundó Grupo 247 en 2019 y sumó constructoras, inmobiliarias, clubs de playa, y hasta una comercializadora internacional. Urías administró spas, tiendas de vestidos y la Bloquera Real MX, encargada de suministrar materiales. Muchas de estas compañías, ahora sancionadas, fueron utilizadas como fachadas legales para canalizar dinero en efectivo dentro del sistema financiero.
🔴 GOLPE AL CÁRTEL DE SINALOA: EU APLICA SANCIONES POR FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) March 31, 2025
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cinco presuntos lavadores de dinero y siete empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, por su participación en operaciones… pic.twitter.com/kC2E5ew2rO
Expertos consultados subrayan la complejidad del esquema: desde el uso de testaferros hasta la reactivación de empresas con historial previo. La inclusión en la lista OFAC implica el bloqueo inmediato de sus activos en EE.UU. y obliga a las instituciones financieras mexicanas a reportar sus movimientos ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
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