Oposición impugna reelección indefinida de Bukele ante la Corte Suprema
San Salvador, 9 de agosto de 2025. La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, presentó hoy una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impugnando las reformas aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa que permiten la reelección presidencial indefinida en El Salvador. Ortiz sostuvo que dichas reformas violan principios fundamentales como la alternancia democrática.
Esta iniciativa judicial es la primera contra la reforma que habilita al presidente Nayib Bukele para mantenerse en el poder de manera indefinida. Ortiz precisó que acude al máximo tribunal para defender los pilares constitucionales y pedir la participación ciudadana frente a cambios estructurales profundos.
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista partido Nuevas Ideas, aprobó el 31 de julio un paquete de reformas que modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Estos cambios amplían el mandato a seis años, eliminan la segunda vuelta electoral y adelantan el cierre del mandato actual a 2027, lo que permitiría a Bukele optar nuevamente por el cargo.
La oposición política ha reaccionado con fuerza. Partidos como ARENA y VAMOS denunciaron que la reforma representa un retroceso democrático acelerado, el fin de la alternancia y un intento por perpetuar a Bukele en el poder.
También surgieron voces internacionales de alarma. Organizaciones de derechos humanos, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtieron que la reforma es un serio retroceso democrático y exhortaron a reconsiderarla.
Asimismo, el grupo IDEA, integrado por 27 expresidentes de América Latina y España, expresó su rechazo a la reforma y la comparación con regímenes autoritarios como Venezuela, alertando sobre sus riesgos para la democracia salvadoreña.
Desde la presidencia, Bukele sostuvo que la reelección indefinida es una práctica común en democracias consolidadas y acusó a los críticos de reaccionar de forma desmedida simplemente porque El Salvador es un país pequeño.
Este recurso legal abre una nueva fase en la controversia constitucional. Ahora corresponde a la Corte Suprema determinar si estas reformas son compatibles con los principios democráticos y los estándares internacionales suscritos por el país.