Ciudad de México, 5 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizan investigaciones sobre posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, proveedores de materiales electorales vinculados con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se han encontrado elementos que los relacionen con algún grupo de la delincuencia organizada.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las indagatorias se concentran en rastrear recursos provenientes de contratos presuntamente irregulares que habrían sido transferidos entre distintas cuentas bancarias para ocultar su origen y destino.
Sheinbaum precisó que las posibles operaciones de lavado de dinero no necesariamente están relacionadas con actividades del narcotráfico o de organizaciones criminales, sino que podrían involucrar recursos obtenidos mediante contrataciones públicas y posteriormente movilizados de manera irregular a través del sistema financiero.
La Presidenta señaló que, si la UIF encuentra elementos suficientes para acreditar posibles delitos, presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, indicó que las investigaciones podrían derivar en sanciones administrativas, dependiendo de los resultados de las revisiones financieras y de las auditorías.
Al ser cuestionada sobre el paradero de los empresarios y de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, Sheinbaum indicó que presume que continúan en territorio mexicano, aunque aclaró que no ha recibido información del Instituto Nacional de Migración ni del gabinete de seguridad que confirme si han salido del país.
Por otra parte, la mandataria hizo un llamado a las autoridades electorales y a los órganos internos de control para fortalecer la vigilancia de los recursos públicos y transparentar los procedimientos de contratación, tanto en el INE como en los organismos públicos electorales de las entidades federativas.
También planteó fortalecer a Talleres Gráficos de México para que participe en la producción de boletas electorales, garantizando transparencia desde su fabricación hasta su entrega. En caso de que no cuente con la capacidad necesaria, consideró que podrán contratarse otras empresas mediante procedimientos públicos y reglas claras.
Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que hasta ahora no se han identificado contratos de las empresas relacionadas con los empresarios investigados con dependencias de la administración pública federal, por lo que no existe fundamento para inhabilitarlas únicamente por señalamientos relacionados con contrataciones del INE.
La funcionaria agregó que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con facultades para promover procedimientos de inhabilitación, mientras continúan las revisiones para determinar posibles responsabilidades.
