São Paulo, Brasil, 11 de noviembre de 2026.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil impuso una multa de 7.5 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 1.34 millones de dólares, a la empresa Meta, propietaria de Facebook, por incumplir parcialmente las órdenes judiciales emitidas durante la campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en octubre.
La resolución fue aprobada por unanimidad y deriva de una denuncia presentada por la coalición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acusó a la plataforma de dar un tratamiento desigual a los contenidos de las campañas de Lula y del senador Flávio Bolsonaro.
Entre los señalamientos se encontraban restricciones en la difusión de publicaciones, actividad de cuentas presuntamente falsas, deficiencias para identificar contenidos generados mediante inteligencia artificial y posibles diferencias en el funcionamiento de las herramientas digitales de la compañía.
El tribunal determinó que Meta proporcionó parte de la información solicitada, pero incumplió algunas disposiciones, respondió fuera de los plazos establecidos y entregó documentación incompleta, lo que dificultó verificar las medidas implementadas para garantizar condiciones equitativas entre ambas campañas.
De acuerdo con la resolución del juez Marco Aurelio Bellizze, la sanción económica corresponde a las multas acumuladas por los incumplimientos registrados entre el 17 y el 25 de octubre, periodo en el que la empresa debía atender distintas exigencias judiciales.
Sin embargo, la autoridad electoral aclaró que, hasta el momento, no existen pruebas suficientes para determinar que Meta actuó deliberadamente con la intención de favorecer a alguna candidatura o alterar el resultado de los comicios. El magistrado señaló que una conclusión de esa naturaleza requeriría pruebas sólidas y procedimientos legales adicionales.
Por su parte, Meta había informado previamente al tribunal que implementó medidas para garantizar el mismo trato a las dos campañas. Tras conocerse la resolución, la empresa no respondió de inmediato a una nueva solicitud de comentarios.
El caso se desarrolla en medio del debate sobre la regulación de las plataformas digitales y su influencia en los procesos democráticos. Lula ha manifestado su intención de impulsar reglas más estrictas para las grandes empresas tecnológicas, al considerar que es necesario combatir la desinformación y evitar la injerencia extranjera en las elecciones.
La resolución representa un nuevo precedente en la supervisión de las plataformas digitales durante los procesos electorales brasileños, particularmente respecto a su obligación de atender las disposiciones de las autoridades y garantizar transparencia en el manejo de contenidos políticos.
