México prioriza lucha contra lavado de dinero, asegura Édgar Amador, titular de la SHCP
Redacción | V+ Noticias
Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP), Édgar Amador Zamora, enfatizó que la lucha contra el lavado de dinero es una prioridad estratégica para México, vinculada directamente con la seguridad nacional y la estabilidad del sistema financiero.
Durante su primera intervención pública en el cargo, subrayó los preparativos para la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en octubre de 2025, que analizará los avances del país en la materia.
La evaluación ocurre en un escenario donde Estados Unidos ha designado como grupos terroristas a cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo, del Noroeste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.
Amador Zamora destacó que el desempeño en esta revisión impactará la credibilidad internacional y la confianza de inversionistas.
“Este combate es más que un tema regulatorio técnico, es una prioridad para el Estado mexicano, porque está directamente vinculado con nuestra seguridad”, afirmó durante la inauguración del curso de prevaluación mutua ante el GAFI.
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El evento contó con la participación de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez; la secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro; y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF), Pablo Gómez.
México ha avanzado en corregir deficiencias señaladas en la evaluación de 2017, especialmente en la detección, investigación y sanción de recursos ilícitos; sin embargo, Amador Zamora reconoció la necesidad de redoblar esfuerzos para cumplir con estándares globales.
Un resultado sobresaliente, dijo, reforzará instrumentos de cooperación internacional y brindará mayor estabilidad al sistema financiero.
El funcionario resaltó la coordinación entre dependencias para enfrentar este reto, incluyendo la implementación de políticas contra el financiamiento al terrorismo, añadido al mandato del GAFI en 2001.
La próxima evaluación analizará no solo marcos legales, sino también la capacidad operativa para desarticular flujos financieros ilícitos.
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