Juez federal cuestiona deportaciones de Trump a El Salvador mientras la administración sostiene que órdenes verbales no son vinculantes
Redacción | V+ Noticias
Washington.– En un dramático enfrentamiento legal, el juez federal James E. Boasberg expresó su incredulidad ante la administración del expresidente Donald Trump por ignorar sus órdenes verbales de detener las deportaciones de supuestos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y la pandilla Mara Salvatrucha a El Salvador. La disputa se centra en el uso de una ley de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump para justificar la expulsión de más de 200 personas, muchas de ellas venezolanas, hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
El juez Boasberg, del distrito de Columbia, ordenó inicialmente de manera verbal que los aviones con deportados regresaran a Estados Unidos. Sin embargo, la administración argumentó que solo las órdenes escritas eran vinculantes y que, en cualquier caso, no podían aplicarse a vuelos que ya habían salido del espacio aéreo estadounidense. “Creo que eso es una exageración“, respondió Boasberg durante una audiencia el lunes, cuestionando cómo sus poderes judiciales no podían extenderse a aviones en espacio aéreo internacional.
La administración Trump, representada por el fiscal general adjunto Abhishek Kambli, sostuvo que las órdenes verbales del juez no tenían peso legal y que solo la orden escrita, emitida 45 minutos después, era válida. Kambli argumentó que era demasiado tarde para redirigir dos aviones que ya habían despegado y que hacerlo implicaría “tareas operativas y sensibles de seguridad nacional“.
Deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
La Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump, permite la deportación de extranjeros sin audiencia previa y solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas por el Congreso. Trump justificó su uso alegando una “invasión” de la banda venezolana Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas concretas sobre los deportados.
Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6
El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, aceptó recibir a los deportados en el CECOT, una megacárcel de máxima seguridad. Bukele celebró la llegada de los deportados en redes sociales, burlándose de la orden judicial de Boasberg con un mensaje que decía: “¡Uy!… demasiado tarde“, acompañado de un emoticono de risa.
Preocupaciones legales y de derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos, como la ACLU y Human Rights Watch, han denunciado que las deportaciones se realizaron sin garantías procesales y que los deportados podrían enfrentar condiciones inhumanas en el CECOT. “Estados Unidos ha trasladado de manera sumaria e ilegal a cientos de inmigrantes a El Salvador, donde están recluidos en un sistema penitenciario conocido por su brutalidad“, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Además, el gobierno de Venezuela calificó las deportaciones como “secuestros” y planea presentar una denuncia ante las Naciones Unidas por “crímenes de lesa humanidad“. Jorge Rodríguez, principal negociador del presidente Nicolás Maduro, acusó a El Salvador de lucrarse con la difícil situación de los migrantes venezolanos.
Implicaciones políticas y legales
El caso ha generado tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo en Estados Unidos, con acusaciones de que la administración Trump está desafiando órdenes judiciales. Lee Gelernt, abogado de la ACLU, advirtió que el país se acerca a una “crisis constitucional“. Mientras tanto, el Departamento de Justicia argumenta que el juez Boasberg no tiene autoridad para interferir en decisiones de seguridad nacional.
El traslado de los deportados también ha fortalecido la alianza entre Trump y Bukele, quien ha promovido su imagen de “hombre duro” contra el crimen. Sin embargo, expertos como José Marinero, abogado salvadoreño, critican que este modelo prioriza la seguridad sobre el estado de derecho. “Bukele acaba de obtener un espaldarazo por parte del Gobierno de Trump“, dijo Marinero, señalando que esto refuerza la internacionalización de su polémico enfoque contra el crimen.
Futuro incierto para los deportados
Los deportados, muchos de los cuales no han sido acusados formalmente de delitos, enfrentan un futuro incierto en el CECOT, donde podrían permanecer por un año o más, en lo que Marinero describe como un “limbo jurídico“. La falta de transparencia sobre los cargos y las pruebas contra ellos ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que exigen una investigación urgente.
Mientras tanto, el juez Boasberg ha programado una nueva audiencia para el viernes, donde se espera que el gobierno explique su conducta. La ACLU y otras organizaciones han pedido que se ordene el regreso de los deportados a Estados Unidos, aunque la administración Trump ha prometido no utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para futuras deportaciones mientras la orden judicial esté vigente.
Este caso no solo plantea serias cuestiones legales y constitucionales, sino que también resalta las complejidades de la política migratoria y de seguridad en la región, con implicaciones que podrían extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos y El Salvador.
Con información de Regina García Cano y María Santacecilia
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