Investiga FGR a jueces por otorgar suspensiones a reforma judicial
Redacción | V+ Noticias
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto múltiples investigaciones contra jueces y magistrados, por el presunto delito de abuso de autoridad relacionado con las suspensiones que estos funcionarios otorgaron en torno a la reforma judicial.
Las pesquisas son consecuencia de denuncias presentadas por el Poder Legislativo y Ejecutivo, y según fuentes judiciales, estas acciones incluyen la solicitud de copias de expedientes a los jueces, notificándoles mediante correos electrónicos sobre la investigación en curso.
Algunos jueces y magistrados interpretan estas medidas como una forma de presión para alinear sus decisiones con los intereses del sistema. Estas fuentes expresan que “se utilizan en regímenes autoritarios y autocráticos” para coaccionar a jueces considerados incómodos, con el fin de que sus decisiones se ajusten a los “criterios del sistema”.
En esta coyuntura, el sistema parece inclinado a impedir las suspensiones mediante presiones de carácter penal y administrativo, lo que, para algunos impartidores de justicia, compromete la independencia judicial.
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Fuero judicial y procesos disciplinarios
Las investigaciones iniciadas por la FGR se desarrollan bajo la normativa de fuero orgánico que ampara a los jueces y magistrados. Esta fuero impide una consignación penal sin antes obtener un desafuero a través del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Según fuentes jurídicas, el fuero requiere que se determine primero una responsabilidad administrativa, y sólo al retirarse dicho fuero procedería una consignación penal.
“La FGR está pidiendo a los jueces copias de los expedientes… Supuestamente hay una denuncia por la probable comisión de un delito, entonces es una forma de presión”, comentaron fuentes judiciales que han optado por el anonimato.
Añaden que, aunque el Ministerio Público puede proceder con consignaciones, “será el juez penal el que defina”, anticipando que las implicaciones de este proceso podrían resultar críticas para el año 2025.
En paralelo, se han presentado quejas administrativas disciplinarias ante el CJF, a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que investiga posibles irregularidades en la conducta de jueces y magistrados. Si estas investigaciones llegan a calificarse como faltas graves, el proceso disciplinario podría culminar en destituciones.
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Posición del gobierno y denuncias ante Naciones Unidas
El contexto de la investigación tomó especial relevancia cuando, en la conferencia matutina del 18 de octubre, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, anunció que el Gobierno federal presentará denuncias ante el CJF contra jueces que otorgaron amparos en oposición a la reforma judicial.
En respuesta, los jueces bajo investigación han solicitado la intervención de las Relatorías de Naciones Unidas en busca de medidas cautelares que protejan su independencia y que frenen la supuesta persecución que perciben por parte del Estado mexicano.
Dicen que es preocupante la situación cuando lleguen los nuevos jueces en 2025, apuntando que el Tribunal de Disciplina, que sustituirá al CJF, podría interpretar como ilegales algunas conductas que hoy no ameritan sanción.
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La justicia, en la mira de cambios
La transición de consejeros en el CJF, prevista para 2025, introduce incertidumbre sobre el futuro de estos procesos.
“Entonces, por ejemplo, si hay una carpeta de investigación y hoy le piden al juez la orden, el juez va a decir que no, porque no se tiene el desafuero”, advirtieron las fuentes judiciales.
Con la llegada de nuevos jueces, la posibilidad de reabrir investigaciones y reconsiderar decisiones judiciales previas podría conducir, anticipan, a una “persecución política” para ese momento.
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