Hallan culpable a Javier López Zavala por violencia familiar contra Cecilia Monzón
Redacción | V+ Noticias
Puebla, Puebla. El Tribunal de Enjuiciamiento con Competencia Estatal de la ciudad de Puebla emitió un fallo condenatorio contra el político Javier López Zavala, exaspirante priista a la gubernatura del estado, por el delito de violencia familiar en agravio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez.
La familia de la finada, con su hermana Helena Monzón como vocera, confirmó públicamente la resolución judicial y calificó el veredicto como un hito en su exigencia de justicia.
En palabras de la familia, “este fallo representa un paso significativo en la lucha por la justicia para Cecilia, una abogada y activista incansable que denunció en vida los actos de violencia que sufrió, y cuya voz sigue resonando en nuestra búsqueda de verdad y reparación”.
El proceso judicial, que se desarrolló mediante un juicio oral que comenzó en abril de 2024, enfrentó múltiples intentos de dilación por parte de la defensa del acusado; no obstante, el tribunal resolvió que López Zavala incurrió en violencia familiar conforme a lo estipulado en el Código Penal del Estado de Puebla, vigente al momento de la comisión del delito.
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Será el próximo 30 de mayo cuando se lleve a cabo la audiencia judicial destinada a individualizar la pena, en cumplimiento de la legislación penal local.
Cecilia Monzón fue defensora de los derechos de las mujeres, cuyas denuncias públicas en torno a la violencia ejercida contra ella cobraron eco judicial con el fallo reciente.
En paralelo al procedimiento concluido, permanece abierto el juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón, perpetrado el 21 de mayo de 2022, en el cual se acusa a Javier López Zavala de ser el autor intelectual del crimen. La familia ha exigido la pena máxima de 60 años de prisión para todos los implicados en este homicidio calificado.
La familia Monzón ha instado a las autoridades jurisdiccionales de Puebla a conducirse con criterios jurídicos que incorporen perspectiva de género, y han exigido un proceso caracterizado por la celeridad, la imparcialidad y la no revictimización.
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