Gobierno de Trump solicita a la Corte Suprema restablecer prohibición a militares transgénero
Redacción | V+ Noticias
Washington, Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ha solicitado formalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos que restablezca su controvertida política de prohibir la incorporación y permanencia de personas transgénero en las fuerzas armadas, luego de que varios tribunales federales bloquearan su aplicación por considerarla discriminatoria y carente de fundamentos fácticos.
La petición fue presentada por el procurador general John Sauer, quien remitió un documento de 39 páginas al máximo tribunal del país, solicitando una suspensión inmediata de la orden judicial emitida por un tribunal de distrito en Tacoma, Washington.
Esta resolución, emitida el mes anterior, mantenía en pie un fallo anterior que impedía la ejecución de la norma prohibitiva impulsada por el presidente republicano.
El origen de la medida se remonta a una orden ejecutiva de Donald Trump, que afirmaba que la identidad sexual de los soldados transgénero atentaba contra la preparación militar y “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal”.
La misma orden sostenía que “la afirmación de un hombre de que es una mujer, y su exigencia de que otros honren esta falsedad, no es coherente con la humildad y el desinterés que se exige a un miembro del servicio”.
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Uno de los principales fallos en contra de esta política provino del juez Benjamin Settle, antiguo capitán del cuerpo jurídico del Ejército de los Estados Unidos y designado por George W. Bush, quien en marzo resolvió a favor de varios militares transgénero. El juez argumentó que la norma era discriminatoria, insultante y generaría daños reputacionales irreparables a quienes fueran dados de baja.
“El argumento del Gobierno no es persuasivo, y no es una cuestión especialmente difícil con base en este expediente”, expresó Settle. “La constante insistencia del Gobierno en deferencia al juicio militar no está justificada ante la ausencia de cualquier prueba que respalde el nuevo juicio militar reflejado en la prohibición”.
A este pronunciamiento se sumó un fallo previo de la jueza del distrito de Washington D.C., Ana Reyes, quien también bloqueó temporalmente la política por considerarla “empapada de animosidad”.
“Su lenguaje es abiertamente humillante, su política estigmatiza a las personas transgénero como inherentemente ineptas, y sus conclusiones no guardan relación con los hechos”, escribió Reyes.
“La cruel ironía es que miles de militares transgénero han sacrificado –algunos arriesgando sus vidas– para garantizar a otros los mismos derechos de protección igualitaria que la prohibición militar intenta negarles”.
En una decisión más restringida, otro tribunal en Nueva Jersey impidió que la Fuerza Aérea diera de baja a dos soldados transgénero, quienes argumentaron que tal acción les causaría daños irreparables en sus carreras y en su reputación, que no podrían ser compensados económicamente.
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La presentación de Sauer abordó estos argumentos: “Cualquier afirmación de que la política de 2025 causará daño reputacional a los demandantes carece de fundamento, dado que cualquier baja bajo la política será honorable, excepto cuando el historial del militar justifique una calificación inferior”.
“En cualquier caso, cualquier daño a los demandantes es sustancialmente superado por el daño al Gobierno y al público al forzar a las fuerzas armadas a mantener una política que el Departamento (de Defensa) ha considerado incompatible con ‘los mejores intereses de los servicios militares’ y con ‘los intereses de la seguridad nacional’”, agregó.
La normativa, impuesta por el secretario de Defensa Pete Hesgeth en febrero, no contemplaba excepción alguna al veto.
A diferencia de la política inicial del primer mandato de Trump, que impedía nuevos ingresos de personas transgénero, pero permitía a los ya enlistados continuar su servicio conforme a su identidad de género y recibir tratamientos médicos de transición si ya se habían declarado abiertamente, la nueva orden es más restrictiva.
Esta impide por completo el reclutamiento de personas transgénero y exige identificar a todo miembro del servicio “con un diagnóstico actual, historial o síntomas compatibles con disforia de género”, según un memorando del Pentágono incluido en la demanda resuelta por la jueza Reyes.
La Corte Suprema ya había ratificado el primer veto en una decisión previa, antes de que fuera derogado por el presidente Joe Biden en 2021, quien restauró el derecho de las personas trans a servir en las fuerzas armadas bajo las directrices del Pentágono implementadas por Barack Obama en 2016.
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