FGR desempolva pruebas del caso Colosio para detener a exagente del CISEN
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2025 La Fiscalía General de la República (FGR) activó un nuevo proceso penal en el emblemático Luis Donaldo Colosio Murrieta-Case al consignar una averiguación previa mediante la cual se solicite la aprehensión de un ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), identificado como Jorge Antonio Sánchez Ortega, presunto coautor del magnicidio de hace más de treinta años.
La acusación señala que en el expediente se le imputan al ex agente complicidad en el asesinato de Colosio, a quien se le disparó durante un mitin en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana el 23 de marzo de 1994. Para fundamentar el nuevo requerimiento, la FGR presentó “43 pruebas” entre discos en formato DVD que contienen material fílmico de noticieros y medios locales, así como un video de evaluación del propio Sánchez Ortega realizado en 1997.
El expediente fue presentado ante el Juzgado Quinto de Diario de Procesos Penales Federales del Estado de México, dando formalidad al proceso de consignación que busca llevar al ex agente ante la autoridad judicial. Esta etapa legal implica que el órgano investigador ha considerado las pruebas suficientes para dar el paso hacia una solicitud de detención formal.
Sánchez Ortega ha sido señalado en al menos cuatro ocasiones anteriores como posible “segundo tirador” en el caso Colosio, pero en todas permaneció en libertad al sustentar versiones que lo desligaban directamente del asesinato o por inconsistencias en los peritajes. Una de las pruebas controvertidas fue una prueba de radizonato de sodio que resultó positiva, pero que fue descartada como concluyente por las autoridades al considerar que la técnica no era del todo confiable en esa época.
Entre los elementos ahora incorporados al proceso se encuentra un video del noticiario conducido por Jacobo Zabludovsky y grabaciones de medios regionales como Vanguardia, que captaron el momento del atentado, lo cual refuerza la dimensión mediática y probatoria del caso. Asimismo, el oficio del agente del Ministerio Público que acompaña la diligencia formaliza la solicitud de aprehensión, así como la petición de una declaración preparatoria para el acusado una vez detenido.
El anuncio de esta nueva etapa procesal abre una ventana de atención sobre cómo se abordan casos de derechos humanos y grandes magnicidios en México: la reapertura o profundización de investigaciones que parecían estancadas implica un esfuerzo por dar seguimiento a la memoria histórica y la justicia pendiente. Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre la eficacia de los procesos antiguos y los retos de la investigación especializada.
En este sentido, la FGR y las autoridades federales enfrentan el desafío de construir un expediente sólido que resista el escrutinio judicial, gareferencia a la calidad de las pruebas, su cadena de custodia, la competencia del juzgado y la garantía del debido proceso para el acusado. El avance en este caso también contribuirá al debate público sobre cómo se persiguen crímenes políticos del pasado y qué medidas se requieren para darles una respuesta efectiva.