FGJ CDMX atraerá investigaciones por grupos de choque en la marcha de la Generación Z
Ciudad de México; 27 de noviembre de 2025. La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, anunció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) asumirá la investigación para determinar quiénes financiaron a los grupos de choque que generaron violencia durante la marcha del pasado 15 de noviembre.
Brugada indicó que la información sobre supuestos financiamientos partió de acusaciones hechas en el Congreso local, donde diputados señalaron nombres y partidos vinculados al bloque violento.
La funcionaria detalló que está por instalarse una comisión especial en el Congreso capitalino, con el fin de indagar a fondo los hechos: se busca esclarecer quién convocó a los encapuchados, cómo se organizó su ingreso a la marcha y de dónde provinieron los recursos.
Según lo explicado, la FGJ CDMX no sólo revisará la violencia ejercida por manifestantes, sino también posibles redes de financiamiento, logística y convocatorias previas que permitieron infiltrar personas ajenas al movimiento juvenil original.
Este anuncio se da en un contexto en el que autoridades de la Ciudad han atribuido los desmanes a un “bloque negro” que, a su juicio, no formaba parte del grupo legítimo de manifestantes pacíficos, sino que estaba preparado para provocar disturbios.
Ya existe una carpeta de investigación abierta contra decenas de personas detenidas en el operativo posterior a la marcha —algunas acusadas incluso de tentativa de homicidio—, lo que evidencia la magnitud del operativo judicial en curso.
La decisión de atraer la investigación por parte de la fiscalía capitalina busca garantizar que, más allá de arrestos individuales, se identifiquen los responsables detrás de la organización del grupo violento, así como autores materiales e intelectuales.
Las autoridades reiteraron su compromiso de aplicar la ley con rigor, garantizar la reparación del daño y aclarar si existió uso de recursos públicos o privados para financiar la violencia, en un esfuerzo por preservar la libertad de expresión sin permitir el uso sistemático de la fuerza o el vandalismo.