Exigen sanción a Rojo de la Vega por retiro ilegal de estatuas

Ciudad de México, 27 de julio de 2025. Vecinos de la colonia Tabacalera, intelectuales y miembros del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba exigieron al Gobierno de la Ciudad de México que inicie el procedimiento de sanción contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por ordenar sin autorización el retiro de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara del Jardín Tabacalera.

Los manifestantes anunciaron que se reunirán cada fin de semana, a mediodía en el parque donde estaban las esculturas, hasta que sean reinstaladas. Denunciaron que la remoción fue arbitraria y violatoria de normas legales sobre patrimonio público.

Los denunciantes recordaron que la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, y que cualquier disposición debe contar con autorización del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP).

El diputado Víctor Hugo Romo y legisladores morenistas acudieron a la Contraloría General para formalizar la denuncia, argumentando que la acción de la alcaldesa no cumplió con los requisitos de ley y constituye una expresión de intolerancia ideológica.

En respuesta a la polémica, la empresaria y escritora Paco Ignacio Taibo II exhortó a procesar el acto como delito administrativo y aplicar sanciones efectivas. Consideró que la remoción se hizo sin consultar al cabildo ni a la comunidad, con el solo fin de obtener atención pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se pronunció sobre el tema durante su conferencia matutina, señalando que la remoción fue ilegal y que ningún monumento podrá subastarse ni disponerse sin un proceso institucional válido.

Rojo de la Vega defendió su acción en redes sociales argumentando que las estatuas fueron adquiridas con recursos de la alcaldía en 2017, aunque se desconoce si existe registro oficial del proceso legal correspondiente.

Vecinos que protestaron acusaron a la alcaldesa de actuar desde la improvisación, ignorancia y búsqueda de protagonismo, y exigieron claridad sobre el procedimiento que se seguirá para evitar impunidad.

Este conflicto ha polarizado tanto a la comunidad como a la clase política y cultural de la CDMX, al concentrar el debate entre respeto al patrimonio histórico, libertad de expresión y los límites de la autoridad municipal en la gestión del espacio público