Empresas de EU refinan crudo ilegal de México y autoridades intensifican medidas
Ciudad de México, 24 de julio de 2025. Autoridades estadounidenses y mexicanas han detectado que empresas en la Unión Americana reciben y refinan petróleo crudo robado en territorio mexicano, en un esquema sobrentado por el crimen organizado que ha escalado de forma alarmante.
Según alertas del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la red FinCEN, cárteles como el CJNG han sistematizado el robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex, sobornos a empleados o secuestro de pipas. El crudo se transporta ilegalmente a EE. UU., donde se etiqueta como “aceite residual” para evadir controles y venderlo a bajo costo a refinerías estadounidenses. Estas empresas importadoras colaboran con intermediarios y redes financieras para operar el mercado ilegal.
La red FinCEN describió las formas de blanqueo usadas: transacciones bancarias encubiertas, uso de empresas fachada y precios artificialmente bajos para maquillar el origen ilícito. En mayo de 2025, EE. UU. impuso sanciones contra empresas como Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística vinculadas al CJNG, bloqueando activos y prohibiendo transacciones con entidades norteamericanas.
En paralelo, autoridades mexicanas han intensificado la lucha contra el huachicol fiscal. La DEA y el Tesoro estadounidense documentaron que estos esquemas generan cientos de millones de dólares anuales al CJNG, al tiempo que disminuyen la recaudación tributaria mexicana y causan daños ambientales y sociales.
En México también se han incautado millones de litros de combustible. En Tabasco se confiscaron más de tres millones de litros, mientras que en Veracruz se halló una mini‑refinería clandestina procesando crudo robado en cerca de medio millón de litros para producir diesel y solventes sin permisos ambientales ni de seguridad.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha implementado un sistema de rastreo del combustible desde su origen hasta su venta final y reformó la Ley de Hidrocarburos para cerrar vacíos fiscales. Esto incluye facultades para suspender empresas sospechosas sin audiencia previa, reforzando el control desde importación hasta expendio.
En EE. UU., además de sanciones, se ha realizado una investigación contra una familia de Utah acusada de encabezar una red que almacenaba y refinaba crudo robado en Texas. Entre los cargos se incluyen lavado de dinero y contrabando en un esquema con casi 3 000 cargamentos identificados.
Este caso evidencia que el huachicol ya no es solo un problema nacional: se ha convertido en un delito transnacional con impacto en mercados globales de energía, arriesgando la seguridad legal y económica de actores legítimos y debilitando la soberanía mexicana.
La coordinación bilateral se ha reforzado con equipos mixtos de vigilancia, controles aduanales más estrictos y sanciones financieras cruzadas. Se ha pedido a los importadores estadounidenses revisar sus cadenas de suministro para evitar vínculos con combustible ilegal y protegerse ante posibles penalizaciones regulatorias.