Denuncian a García Cabeza de Vaca por desfalco en Salud de Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 28 de agosto de 2025. La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó setenta denuncias, de las cuales catorce son penales, en contra del ex gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y varios de sus colaboradores (2016-2022), por presuntas adjudicaciones ilícitas de contratos que habrían causado un quebranto al erario por alrededor de 343 millones 966 mil pesos.
El director jurídico de la dependencia, Iván Saldaña Magaña, afirmó que hay complicidad desde los más altos niveles del gobierno anterior con empresas vinculadas a los hermanos Carmona, Sergio —asesinado en 2021— y Julio César, quienes habrían obtenido poder político y económico gracias a su cercanía con el panismo.
Se detectó que Grupo Industrial Permart, encabezada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega, fueron los beneficiarios de adjudicaciones directas como proveedores de mantenimiento de hospitales estatales.
Las denuncias se presentaron ante instancias como la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso local, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción.
Entre los ilícitos señalados destacan el uso indebido de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Del monto total del presunto daño, 221 millones corresponden a recursos estatales y 122 a fondos federales.
El director jurídico también detalló que, durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018, se celebraron contratos de prestación de servicios que sumaron unos 500 millones de pesos, de los cuales quedaron pendientes de pago 157 millones, sin que hasta la fecha haya indicios de que los proveedores hayan hecho reclamos legales.
Entre los señalados también figuran Gloria de Jesús Molina Gamboa, quien fue titular de Salud en ese periodo; Horacio García Rojas Guerra, ex subsecretario de Planeación y Vinculación; Alejandro Aguilar Poegner, ex subsecretario de Administración y Finanzas; y Román Castillo Airola, ex director de Compras de la Secretaría de Administración.
Saldaña Magaña aclaró que no se trata de una persecución política, sino de dar a conocer los hechos ante la ciudadanía y visibilizar cómo se han afectado las finanzas estatales y, por ende, el servicio público de salud.