Culpables de muerte de niño Fernando podrían alcanzar sentencia de 140 años de prisión
Nezahualcóyotl, Estado de México; 12 de agosto de 2025. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, este lunes 11 de agosto de 2025, un juez imputó a proceso dentro del penal estatal Neza-Bordo a tres personas identificadas como Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, por delitos vinculados con la desaparición de un niño de cinco años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida.
Durante la diligencia, se cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión, y los detenidos fueron vinculados a un segundo proceso judicial por los hechos relacionados con la muerte del menor.
De acuerdo con la legislación del Estado de México, el delito de secuestro que causa la muerte puede castigarse con hasta 140 años de prisión, mientras que los ilícitos por desaparición de persona podrían acarrear hasta 20 años adicionales.
Este caso se suma a la tragedia previa ocurrida unos días antes, cuando se informó que prestamistas habrían secuestrado al menor como garantía por una deuda de mil pesos, y su cuerpo fue hallado oculto en una vivienda en la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz.
La gravedad de los hechos ha generado consternación en la comunidad local, en particular por la extrema vulnerabilidad del niño y la aparente motivación económica que habría guiado su secuestro y homicidio.
El caso sigue bajo investigación; las autoridades tienen un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria antes de que se determine si procede o no la imposición de sentencia plena.
La atención pública vuelve a centrarse en la necesidad de reforzar los protocolos de protección a la infancia en zonas de alto riesgo, así como de garantizar una aplicación efectiva de la justicia en casos de desaparición y homicidio infantil.
La justicia estatal deberá determinar si los tres implicados serán finalmente condenados a penas cercanas al máximo legal —una posibilidad que, dadas las circunstancias del caso, no puede descartarse.
La comunidad y autoridades seguirán de cerca el desarrollo judicial, en espera de que se imponga una sanción ejemplar y se restablezca la confianza en la protección de los menores.