Conagua califica como “acto de justicia” la nueva Ley General de Aguas
Ciudad de México, 4 de diciembre de 2025. La Conagua definió hoy como un “acto de justicia para México” la reciente aprobación de la Ley General de Aguas y las reformas a la antigua Ley de Aguas Nacionales, defendiendo la norma ante las críticas y denuncias de rechazo por parte de algunos sectores.
Su titular, Efraín Morales, advirtió que quienes han pretendido generar temor entre productores y usuarios mediante desinformación buscan defender privilegios adquiridos en detrimento del acceso equitativo al agua.
Morales explicó que la reforma pretende acabar con prácticas abusivas como el acaparamiento de concesiones y el mercado negro del agua, mediante un régimen transparente, público y con reglas claras para todos los usuarios.
Entre los cambios destacados, la nueva ley mantiene el binomio tierra-agua: los derechos de concesión podrán seguirse heredando o vendiendo, respetando su volumen y vigencia original, lo que busca garantizar certeza jurídica sin afectar derechos legítimos de propietarios.
Asimismo, la norma contempla fortalecer el papel institucional de Conagua, definiendo de forma clara las competencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, con el objetivo de garantizar el derecho al agua y al saneamiento para consumo personal y doméstico.
El director de Conagua insistió en que la reforma no criminaliza al pequeño productor, sino que busca castigar prácticas abusivas, corrupción y uso ilegal del agua, con cero tolerancia hacia quienes lucran con un bien público.
De aprobarse definitivamente el paquete legislativo, las autoridades esperan que la ley beneficie especialmente a comunidades rurales, pueblos originarios y zonas históricamente desatendidas, garantizando que el acceso al agua deje de depender de privilegios o intereses particulares.
Para la Conagua, esta reforma representa un paso fundamental hacia una gestión del agua más justa, equitativa y sostenible, con la esperanza de que el recurso deje de verse como mercancía y se consolide como un derecho humano garantizado para todas y todos los mexicanos.