CNDH documenta graves violaciones de militares en Guerrero
Ciudad de México; 3 de agosto de 2025. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 184VG/2025 por graves violaciones a derechos humanos y actos de tortura cometidos por elementos del 40 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional destacados en Cutzamala de Pinzón, Guerrero. Estas faltas se acreditaron tras el testimonio de una víctima detenida en octubre de 2012 por integrantes del Grupo Aéreo de Fuerzas Especiales (GAFE) y del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN).
La víctima relató que fue sometida a tortura física y psicológica para obligarla a incriminarse en delitos que no cometió. Posteriormente fue trasladada a instalaciones de la antigua PGR, en el ámbito de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde continuaron los malos tratos.
La CNDH concluyó que se violaron derechos a la integridad y seguridad personal, al trato digno, la libertad, la seguridad jurídica, y el proyecto de vida, tanto de esta persona como de otra afectada, atribuibles al personal militar que actuó con la intención clara de incriminar a las víctimas.
Dichas violaciones fueron confirmadas con base en dictámenes médicos, declaraciones ministeriales y los criterios del Protocolo de Estambul sobre tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Como parte de la recomendación, se solicitó al titular de la Defensa gestionar la reparación integral del daño, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), incluyendo atención médica, psicológica y una disculpa pública.
La acción de la CNDH se inserta en un contexto más amplio de impunidad frente a abusos militares. Según reportes recientes, solo el 7.2 % de los militares señalados por la CNDH han sido realmente sentenciados, y las Fuerzas Armadas acumulan más de mil 300 quejas por violaciones a derechos humanos desde 2018, de las cuales solo unas pocas han derivado en recomendaciones formales .
Organizaciones como el Centro Prodh han advertido que durante el sexenio pasado la CNDH fue omitida en pronunciarse sobre violaciones graves por parte de las Fuerzas Armadas, retrasó investigaciones y cerró expedientes sin indagatorias adecuadas. La militarización de la seguridad pública ha sido objeto de preocupación por parte de ONG y defensores de derechos humanos por los riesgos de abusos sistemáticos.
En Guerrero existe una historia dolorosa de violencia institucional: casos emblemáticos como el de Valentina Rosendo Cantú, agredida por militares en 2002, demostraron la necesidad de que violaciones militares sean judicializadas por tribunales civiles . También en décadas pasadas operaron planes como el “Plan Telaraña”, que en los años setenta implicó desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas cometidas por ejército y seguridad del Estado.