Bolsonaro deberá usar tobillera electrónica por orden de la Corte Suprema
Brasilia, Brasil, 18 de julio de 2025. En una audiencia celebrada este viernes, la Corte Suprema de Brasil ordenó al expresidente Jair Bolsonaro utilizar una tobillera electrónica como parte de una serie de medidas cautelares relacionadas con su proceso por presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Además, se le impuso una prohibición para salir de casa de 19:00 a 07:00, así como restricciones en redes sociales y comunicación con diplomáticos extranjeros y otros investigados.
La decisión judicial viene acompañada de operativos en la residencia de Bolsonaro, ubicada en el exclusivo barrio Jardín Botánico de Brasilia, y en sedes del Partido Liberal. En los registros se incautaron 14 000 USD en efectivo, un USB y su teléfono móvil.
El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, fundamentó la tobillera y demás restricciones en la existencia de un “riesgo concreto de fuga” y en graves sospechas de que Bolsonaro y su hijo Eduardo buscaron presionar a autoridades extranjeras para interferir en el proceso judicial.
Estas medidas se suman a la prohibición de interactuar con embajadas, diplomáticos y otros involucrados en el caso, además de una suspensión del uso de plataformas digitales, con miras a evitar actos de influencia o coordinación ilegítima.
Bolsonaro calificó las medidas como la “suprema humillación” y denunció que su juicio es “político”, aunque aseguró no haber considerado huir del país ni pensar en refugiarse en embajadas.
En respuesta a las sanciones, el expresidente estadounidense Donald Trump manifestó apoyo a Bolsonaro, criticó el proceso como una “caza de brujas” y anunció la imposición de aranceles del 50 % a las importaciones procedentes de Brasil, lo que desató tensiones diplomáticas.
El presidente actual, Lula da Silva, calificó las sanciones de Trump como “chantaje inaceptable” y defendió la independencia de la justicia brasileña frente a presiones internacionales.
El proceso judicial contra Bolsonaro avanza en la Corte bajo cargos que incluyen conspiración golpista y asociación armada, con potenciales penas que podrían llegar hasta 40 años de prisión. Se espera que el juicio se reanude en los próximos meses y que la Corte Suprema revise estas medidas en una próxima audiencia.