Aumenta en más de 300 la cifra de condenados a muerte en Arabia Saudita en lo que va de 2025

Riad; 27 de octubre de 2025. En lo que va del año, Arabia Saudita ha visto un marcado incremento en la aplicación de la pena de muerte, con más de 300 personas condenadas al máximo castigo, de acuerdo con reportes de organizaciones de derechos humanos.

Este ascenso se da en un contexto ya crítico para los estándares internacionales, pues gran parte de las ejecuciones corresponde a delitos relacionados con drogas y otros crímenes no violentos, lo cual genera fuertes cuestionamientos al debido proceso.

Las cifras oficiales aún no ofrecen un desglose completo, pero se ha documentado que al menos 292 personas fueron ejecutadas hasta el 9 de octubre, incluyendo mujeres, y una parte importante de extranjeros, lo que pone en relieve las preocupaciones por la justicia y el trato a los detenidos.

Organizaciones como Amnesty International y Human Rights Watch han denunciado que muchas de estas condenas se impusieron tras procesos en los que se observan irregularidades como falta de acceso a representación legal, ausencia de intérpretes o notificación tardía a los familiares.

El aumento de las ejecuciones contradice promesas previas del gobierno saudí de limitar el uso de la pena de muerte solo a los casos más graves, lo que ha generado críticas internacionales y llamado la atención sobre la política criminal del país.

Una proporción considerable de las personas ejecutadas este año eran condenadas por crímenes vinculados a drogas, modalidad que había permanecido bajo una moratoria parcial hasta hace poco, lo que refleja un giro en la estrategia judicial del reino.

El impacto de estas estadísticas sobre la percepción internacional de Arabia Saudita es significativo, pues se suman a otras acusaciones de vulneración de derechos humanos, represión de la libertad de expresión y falta de transparencia en el sistema penitenciario. 

Ante esta situación, organismos globales han pedido al gobierno saudí que establezca una moratoria inmediata sobre las ejecuciones, revise los casos pendientes y asegure un sistema judicial que cumpla con garantías internacionales, para evitar condenas injustas o arbitrarias.