De acusadores a señalados, las polémicas del Poder Judicial
La enemistad del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial viene de lejos. El mandatario ha acusado a jueces de ser corruptos y de estar al servicio de narcotraficantes y potentados.
“Se molestan porque ahora queremos que se elija a los jueces, magistrados y ministros. ¿Cómo no vamos a querer que se elijan, si el Poder Judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada?”, dijo en mayo de este año.
Estos dichos del presidente fueron suscitados debido a la orden de liberación emitida por parte de un juez para Héctor Güero Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Tras este hecho, el mandatario volvió a la carga con su propuesta de que todos los juzgadores, especialmente los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sean elegidos por los ciudadanos a través de voto directo.
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El presidente explicó que enviaría una iniciativa, en septiembre del próximo año, con la que busca reducir fideicomisos y sueldos de además de eliminar los privilegios de ministros, jueces y magistrados.
“Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se les entreguen becas”, aseguró AMLO en mayo, durante una de sus conferencias matutinas.
En esa misma ocasión, el presidente compartió una lista de 40 privilegios que mantienen altos funcionarios del Poder Judicial.
El origen de la “guerra”
La decisión de los ministros de la SCJN en torno a la cancelación de las reformas electorales impulsadas desde el Ejecutivo, le costó al máximo órgano impartidor de justicia la enemistad del presidente.
A partir de ese momento, López Obrador realizó una serie de cuestionamientos en contra del Poder Judicial que ha llevado, incluso, a que varios de los seguidores del mandatario mantengan un plantón permanente al exterior de las instalaciones de la SCJN que se encuentran emplazadas en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México.
“Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución. (…) Además, representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo, al contrario, es en contra del pueblo».
“Por eso rechazaron el llamado Plan B, porque era impedir estos excesos en el INE y en el Tribunal Electoral, pero si se aprobaba la ley, entonces tenía que aplicarse a ellos. Lo cierto es que están violando la Constitución”, afirmó el mandatario.
Los escándalos de la Corte
Los señalamientos en contra de miembros del Poder Judicial no han dejado de sucederse, uno de los más recientes y que más reacciones generó, es el de la ministra Yasmin Esquivel Mossa.
En enero de 2019, el exministro Eduardo Medina Mora renunció a su ejercicio en la Suprema Corte de Justicia tras ser señalado por corrupción. El abandono de su cargo fue histórico debido a que no había sucedido que uno de los juzgadores del máximo tribunal dejara su puesto para el que son designados por un periodo de 15 años.
De acuerdo con autoridades financieras de Reino Unido y Estados Unidos, fueron detectadas transferencias millonarias a las cuentas que Medina Mora mantenía en esos países.
Según documentos de esta investigación, el exministro recibió 2.1 millones de dólares entre 2016 y 2018 en su cuenta de Estados Unidos, mientras que en la de Reino Unido se detectaron depósitos, entre 2017 y 2019, por 2.3 millones de libras esterlinas.
Medina Mora, quien fue designado en marzo de 2015, ya ejercía como ministro cuando comenzó este flujo de dinero hacia sus cuentas, dinero que además excedía por mucho sus ingresos como funcionario público.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó que Medina Mora realizó transferencias por 23.3 millones de pesos y que recibió un pago de una empresa, etiquetado como “pago de dividendo”, por 10.6 millones de pesos, pese a que el ministro no manifestó el conflicto de interés por estar relacionado con esta y con dos compañías más, cuando incluso era accionista de una de ellas.
Por su parte, el señalado dijo que se trataba de información manipulada, pues las transacciones se hicieron en pesos mexicanos y fueron manifestadas en dólares o libras esterlinas. Cuatro meses después, Medina Mora entregó su renuncia al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y fue sustituido por Loretta Ortiz.
Medina Mora fue visto como un ministro cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, quien en los últimos meses de su administración buscó blindar de ser susceptibles ante la justicia a sus funcionarios.
Peña Nieto envió a la SCJN un recurso legal con el que se prohibía a las Fiscalías estatales investigar a funcionarios federales, el cual fue admitido a trámite precisamente por Medina Mora el 29 de octubre de 2018.
La polémica derivada de sus tesis de maestría y doctorado no es la primera que enfrenta la ministra Yasmín Esquivel.
En marzo de 2021, durante la pandemia de COVID-21, la periodista Dolia Estévez reveló que Esquivel Mossa y su esposo, el empresario José María Riobóo, viajaron a San Antonio, Texas, para obtener una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2. En esa misma ocasión se dio a conocer que el ministro Alberto Pérez Dayán realizó una acción similar.
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Estévez dio a conocer que la ministra y su esposo obtuvieron dos matrículas consulares que fueron avaladas por el cónsul general, Rubén Minutti Zanatta, quien fue subordinado de Esquivel cuando era magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Esta se trató de una acción irregular debido a que para obtener estas matrículas, Esquivel y su cónyuge acreditaron vivir en Texas, además de que en ese momento las vacunas que fueron distribuidas en Estados Unidos eran administradas de manera prioritaria a la población vulnerable del país.
En febrero de 2023, Esquivel enfrentó otra polémica de la que salió bien librada: fue acusada de plagiar su tesis de licenciatura y posteriormente la de doctorado.
Los procesos legales y escolares en torno a esta polémica tuvieron fin el 13 de junio pasado, cuando la jueza María Magdalena Malpica Cervantes determinó que Esquivel es la autora original de la tesis que presentó para obtener el grado de licenciatura en 1987.
Margarita Ríos-Farjat, otra de las ministras en activo de la SCJN, fue señalada después de otorgar a Javier Navarro Velasco, secretario de Gobierno de Nuevo León, una suspensión con la que evadió un juicio político en su contra después de no publicar decretos legislativos, impidiendo que estos se convirtieran en leyes a favor de los neoleoneses.
Ríos-Farjat y Navarro Velasco trabajaron juntos entre 1991 y 2008, cuando la ministra era abogada asociada de la firma Backer McKenzie, de la que Navarro fue socio fundador, hecho que puso en entredicho la resolución de la ministra, además de que una hermana de la ministra, Ana Maribel Ríos-Farjat, trabaja en la Unidad de Enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno.
La polémica también salpicó al ministro Javier Laynez, quien fue detenido en Torreón, Coahuila, por la policía en octubre de 2021 por conducir en presunto estado de ebriedad.
El reporte policial del hecho indicaba que Laynez fue detenido por conducir bajos los influjos del alcohol durante la madrugada y que fue liberado tras abonar una multa de casi 6 mil pesos.
Laynez afirmó que las autoridades locales no pudieron probar jamás su supuesto estado de ebriedad y que la multa le fue cobrada en efectivo.
No nada más en la SCJN: el caso de Ortega Tlapa
Las actuaciones de la titular del Juzgado Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Luz María Ortega Tlapa, esencialmente en el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), generaron críticas.
Durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en junio de 2019, un reportero enumeró los amparos que había otorgado en varios casos polémicos.
«La jueza Luz María Ortega Tlapa ha otorgado amparos, en su momento, al ‘Chapo’ para que no fuera extraditado hacia Estados Unidos; también otorgó un amparo al jugador de futbol, Rafael Márquez, para abrir sus cuentas bancarias y otorgó un amparo a Emilio Lozoya para no ser detenido, y también dio otro a los dueños de Ficrea», mencionó.
En mayo de ese mismo año, Emilio Lozoya, que enfrentaba a la justicia por el caso Odebrecht, presentó una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra, trámite que la jueza Ortega Tlapa dio a lugar. Un día después, Ortega suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión.
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Días más tarde, el 4 de junio de 2019, la jueza otorgó una suspensión definitiva para evitar la captura de Lozoya, aunque lo citó para presentarse en máximo tres días después para responder por las acusaciones de corrupción en la compra de la planta Agro Nitrogenados de la compañía Altos Hornos de México.
Antes de favorecer a Lozoya Austin para que no enfrentara a la ley, Ortega Tlapa concedió un amparo a Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de la sociedad financiera popular Ficrea, tras ser capturado en Texas, Estados Unidos, en enero de 2019.
También favoreció al exfutbolista Rafael Márquez, quien junto al cantante Julión Álvarez fue señalado por la Oficina del Tesoro como cómplice de Raúl Flores Hernández, alias el Tío, en actividades ilícitas y lavado de dinero, y a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” exlíder del Cártel de Sinaloa, para evitar su extradición en 2014.