Denuncian acoso a las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas
A principios de junio, siete personas resultaron muertas, entre ellos varios menores de edad, en una balacera en la comunidad de Polhó, municipio de Chenalhó, en la región de los Altos, una zona que ha sido golpeada por la inseguridad y donde decenas de personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo con reportes de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
A mediados de mayo, integrantes de la Organización de Cafeicultores de Ocosingo (Orcao), que, según el Congreso Nacional Indígena o la Red Todos los Derechos para Todos, es un grupo de corte paramilitar, perpetraron un ataque con armas de fuego contra pobladores de la comunidad de Moisés Gandhi, una localidad de poco más de 300 habitantes en el municipio de Ocosingo.
El Centro de Derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido como Frayba, documentó que, a finales de mayo, miles de personas huyeron de sus hogares en distintas comunidades del municipio Frontera Comalapa, en medio de enfrentamientos entre grupos armados vinculados a cárteles de la droga como el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, que, de acuerdo con las denuncias de activistas y organizaciones, se están disputando el control del corredor fronterizo y también los negocios de tráfico de drogas, armas y personas.
Conforme a las cifras oficiales, los homicidios en el estado, ubicado en el sureste de México y en frontera con Guatemala, han aumentado en los últimos meses. En abril, se registraron 125 homicidios. Y tan solo en los primeros cinco meses de este año se han registrado 556 homicidios en el estado, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En su informe anual, el Frayba reportó hasta 16.755 víctimas de desplazamiento forzado en distintas comunidades en Chiapas, algunas de las cuales ya han regresado, pero en condiciones muy precarias de seguridad, explicó en entrevista el director de la organización defensora de los derechos humanos, Pedro Faro, con sede en San Cristóbal de las Casas, uno de los asentamientos indígenas de mayor tradición cultural en Chiapas y el país.
En diálogo con Sputnik, Faro dijo que ha habido un deterioro en las condiciones de seguridad en el estado en parte por el alto poder de fuego de las organizaciones criminales que han adquirido armamento cada vez más sofisticado, pero sobre todo por la impunidad y los vínculos de funcionarios con los grupos criminales.
“Como ha habido un gran abandono de la gobernabilidad en el estado, están estallando todos los conflictos, por la no atención”, añadió quien es licenciado en derecho y activista especializado en la defensa de los derechos humanos.
Faro afirma que al Frayba han llegado denuncias de situaciones “muy graves” dentro de la geografía chiapaneca, como desaparición, desplazamiento forzado, reclutamiento de jóvenes, tráfico de personas, de armas y de drogas, así como hostigamiento y amenazas a comunidades, despojo y cobro de piso, entre otros fenómenos violentos.
Después de los enfrentamientos a finales de mayo, el Gobierno federal desplegó más de 1.500 elementos de la Guardia Nacional para contener la violencia.
A inicios de junio, el coordinador estatal de ese cuerpo de seguridad en Chiapas, general Víctor Fernández Mondragón, dijo a medios de comunicación locales que todo estaba en orden, que los negocios estaban abiertos y que elementos de la Guardia habían apoyado a pobladores a regresar a sus viviendas.
Para el director del Frayba, este tipo de operativos temporales de las fuerzas federales no representan una solución a los problemas de inseguridad y violencia en la zona porque una vez que los elementos desplegados se retiran, las organizaciones vuelven a operar.
Información de Sputnik