Piden Fiscalías a Corte aclarar prisión preventiva de oficio
Abel Barajas/Agencia Reforma
Ciudad de México. Las fiscalías generales de las 32 entidades federativas acordaron pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclarar los alcances de la aplicación de la prisión preventiva de oficio, conforme a las obligaciones internacionales contraídas por México.
En particular, le pedirán precisar los alcances de la sentencia dictada en noviembre pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la que ordenó al Estado mexicano eliminar esta medida cautelar de su legislación y adaptarla a los estándares fijados por dicho tribunal.
Este fue uno de los acuerdos suscritos este viernes durante la XLVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en la Ciudad de México, de acuerdo con un comunicado de la FGR.
«Por otra parte, se aprobó remitir una moción respetuosa a la SCJN, a fin de que se determinen los efectos, alcances, obligaciones y modo de cumplimiento de las sentencias de la CoIDH sobre los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez, relacionados con la prisión preventiva oficiosa; así como hacer un llamado a la Conferencia Nacional de Tribunales de Justicia del país y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa», se indicó.
El fallo de la CoIDH, en el que concluye que tanto la prisión preventiva oficiosa como el arraigo domiciliario son contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos, ya provocó fuertes debates en la SCJN sobre la validez de seguir aplicando el artículo 19 de la Constitución, que ordena prisión forzosa para 16 delitos.
En septiembre pasado, sólo cuatro de los once Ministros de la Corte apoyaron un proyecto de su colega Luis María Aguilar, que proponía inaplicar el artículo 19, y dejar en manos de los jueces la aplicación de prisión preventiva en cada caso concreto.
En la asamblea de este viernes, los fiscales también acordaron trabajar una propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, para promover un marco jurídico que permita reducir las reincidencias de las personas beneficiadas con la suspensión condicional del proceso.
En este encuentro asistieron como invitados Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y Presidenta de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública; Clara Luz Flores Carrales, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y Adrián Franco Barrios, Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los fiscales también aprobaron la propuesta de homologar el tipo penal de feminicidio a nivel nacional y se acordó revisar la iniciativa.
También determinaron implementar programas de capacitación para la Guardia Nacional (GN), policías estatales y municipales, para mejorar su actuación como primeros respondientes.
Otro de los acuerdos fueron establecer un Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, para regular la participación de las policías locales en actos de investigación bajo el mando y conducción del Ministerio Público.
Adicionalmente, los fiscales suscribieron un Convenio de colaboración para el intercambio de información en materia de extinción de dominio, con el objeto de establecer mecanismos para la coordinación, coadyuvancia y apoyo para las investigaciones y procedimientos en la materia.
En la reunión, revisaron los avances de la implementación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP) y ratificaron el compromiso de iniciar la transmisión de datos, la integración de variables y catálogos del SENAP en los sistemas de información.