Impugna Creel decreto que reserva información de obras 

Claudia Salazar/Agencia Reforma

Ciudad de México. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el decreto presidencial que reserva la información sobre obras del Gobierno.

Con base en sus facultades, sin necesidad de autorización del pleno en tiempos de receso, Creel decidió presentar la controversia, con la opinión en contra de Morena.

El panista solicitó suspender la aplicación del decreto y declarar su invalidez e inconstitucionalidad.

En la demanda argumenta que el Decreto del 18 de mayo pasado invade facultades del Congreso y violenta derechos humanos.

Por cuestiones de seguridad nacional se reserva la información sobre la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación e infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo de los proyectos del Tren Maya y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo.

«Al catalogarlos de seguridad nacional, (el Ejecutivo) está realizando una categorización que va más allá de las facultades que la Constitución Política le confieren, debido a que la declaración de seguridad nacional, a través del artículo Único del Decreto que se impugna y sus consecuencias negativas en la transparencia a la que el Estado Mexicano está obligado, resulta materialmente en un acto legislativo», sostiene Creel en la controversia.

Afirma que se violenta el orden constitucional y viola los derechos de acceso a la información y transparencia.

Y al establecer nuevos supuestos de seguridad nacional, crea un régimen de excepción a la transparencia.

«Se vulnera el derecho a la transparencia y acceso a la información reconocido por el artículo sexto constitucional, puesto que con dicha declaratoria el Poder Ejecutivo ilegalmente restringe el principio de máxima publicidad», agrega en la demanda presentada este jueves ante la Corte.

Agrega que hay una invasión de competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad, transparencia y acceso a la información, con lo cual se provocó una afectación a los derechos humanos.

«El decreto impugnado, constituye una limitante al principio de transparencia que debe regir en los procedimientos de licitación pública», señala el documento sobre proteger la información sobre obras y administración de trenes y aeropuertos, con el argumento de que son de seguridad nacional y de interés público.

«Para el caso que nos ocupa, se destaca que la consecuencia material del Decreto impugnado implica que la información relacionada y/o derivada del procedimiento de contratación que se lleve a cabo sea clasificada como reservada, por tratarse de información relacionada y lo que pudiera poner en riego a la seguridad nacional, y, por lo tanto, no sea accesible a la sociedad en general».

Afirma que con el decreto presidencial hay una «flagrante transgresión» a las facultades exclusivas del Congreso de la Unión.

«Crea un ámbito de excepción respecto a todo el sistema normativo y se adjudica la facultad para legislar en materia de transparencia y seguridad nacional, determinando implícitamente de manera anticipada, de forma definitiva y en sede administrativa, que las obras y proyectos son de seguridad nacional y de interés público, creando una restricción y límite en el ejercicio del derecho de acceso a la información».

Advierte que no solo hace ineficaz el acceso a información ya disponible, sino también sobre aquella que aún no se genera, respecto de la cual, en términos normativos, no existe una clara evaluación sobre si ésta efectivamente pudiera afectar la seguridad nacional.

Señala que la propia existencia del Decreto, de facto, se convierte en el referente jurídico que debe regir la actuación del gobierno de cara a la construcción y operación de los trenes y aeropuertos mencionados, respecto a sus obligaciones en materia de transparencia y atención y respuesta de las solicitudes de información en materia de dichas obras públicas y proyectos del Gobierno de México.

«Situación que deriva en que toda la información relacionada con los mismos de facto se consideraría reservada, puesto que la reserva formulada en los términos establecidos en el Decreto se constituye como una excepción a todo el sistema normativo relacionado con la materia.

«Es decir crea un régimen alterno, contrario al parámetro constitucional y con ello vulnera la competencia del Congreso de la Unión a ejercer la competencia que el sistema normativo en materia de acceso a la información le atribuye.

«Lo anterior coloca al derecho de acceso a la información en una circunstancia de debilitamiento orgánico, pues hace inaccesible toda la información que se genere con motivo de la aplicación del Decreto, al categorizar como seguridad nacional aspectos que no se encuentran contemplados dentro de la Ley de Seguridad Nacional», sostiene Creel.

Agrega que no le es dable al titular del Ejecutivo Federal incorporar, ampliar o establecer nuevos supuestos de seguridad nacional.