Perdonan a acusados de fraude a damnificados del sismo del 19S
Manuel Alejandro Álvarez Torres | Agencia Reforma
Ciudad de México. Sin consultar a las víctimas, la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, firmó un acuerdo que permitió a cuatro imputados no pisar la cárcel y recibir el perdón tras defraudar a damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Los vecinos ya tramitaron amparos para anular ese criterio de oportunidad y reparar el daño a las víctimas.
Antes del acuerdo, la Fiscalía confirmó que los acusados engañaron a los dueños de 390 departamentos en Tlalpan 550, Alcaldía Benito Juárez, al hacerles creer que las torres cumplían con el Reglamento de Construcción.
Pero los edificios, inaugurados seis años atrás, tuvieron fallas estructurales y quedaron inhabitables tras el 19S.
La Fiscalía capitalina avaló un criterio de oportunidad en beneficio de los responsables, que se estableció en dictámenes y testimonios que los edificios nacieron con vicios ocultos en su diseño y construcción.
Durante las excavaciones para la construcción de la nueva cimentación (dados), una empresa en ingeniería descubrió que la geometría de algunos elementos de origen no corresponde a lo señalado en los planos estructurales.
Peritos también hallaron, como una constante, que dentro de elementos estructurales -como losas, trabes y columnas de concreto armado- fueron ocultas tuberías, instalaciones hidráulicas e instalaciones sanitarias, lo cual va en contra del Reglamento de Construcciones.
Además, la Fiscalía no localizó la autorización de uso y ocupación de las torres, que debió haber expedido la entonces Delegación Benito Juárez.
“El origen de las afectaciones generadas en el inmueble del conjunto Tlalpan 550 fueron los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017.
“Aunado a detalles constructivos (…), cuya construcción no se apegó al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias”, se lee en las conclusiones de la Fiscalía.
La denuncia contiene una entrevista realizada al apoderado legal de una compañía de ingeniería, quien advirtió que en 2020, ya avanzada la rehabilitación de los edificios como parte de un primer proyecto, se detectó que el plan era insuficiente.
Por lo cual, fue necesario realizar un segundo proyecto, que incluía incorporar nuevos elementos de rigidez para mitigar los movimientos de los edificios ante los sismos.
Sin preguntar, “El delito quedó impune, porque los perdonaron, la pena privativa era de seis a 11 años y los perdonaron, reclasificaron el delito a menos de cinco años para que aplicara un criterio de oportunidad.
“A las víctimas nos dejaron sin nuestro pago de reparación de daño, abusaron de la confianza”, dijo una vecina afectada, quien pidió omitir su nombre.
En un encuentro con representantes de la Comisión, vecinos reprocharon el acuerdo. Las torres siguen inhabitables.