Donación anónima de 130 millones de dólares para salarios de militares en EE.UU. genera debate
Washington D.C.; 25 de octubre de 2025. El Pentágono confirmó recientemente la aceptación de una donación anónima de 130 millones de dólares destinada a cubrir los salarios y beneficios del personal militar activo durante el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. La contribución fue anunciada por el Donald Trump, quien describió al donante como un “patriota” y amigo personal que no desea reconocimiento público.
La iniciativa se registró en un contexto de parálisis presupuestaria en el Congreso, que ha puesto en riesgo la puntualidad de los pagos a las fuerzas armadas. Bajo la autoridad de “aceptación de regalos generales”, el Pentágono indicó que los fondos serán usados específicamente para mitigar el impacto en el pago de los salarios militares.
No obstante, expertos en políticas presupuestarias pusieron en duda la legalidad de esta medida, al advertir que el gasto público debe estar respaldado por una asignación legislativa conforme a la Constitución. Aunque los 130 millones representan una cifra importante, equivalen apenas a una fracción mínima del costo de nómina del Departamento de Defensa, que asciende a varios miles de millones de dólares quincenales.
La Casa Blanca y las autoridades del Pentágono se negaron a revelar la identidad del donante o su nacionalidad, lo cual levantó inquietudes sobre transparencia, posible influencia y conflicto de intereses. En paralelo, se ha señalado que parte del financiamiento de las nóminas militares ha sido cubierta mediante la reasignación de 8 mil millones de dólares de fondos no utilizados en investigación y desarrollo.
Para miembros del Congreso y diversos analistas, el hecho de depender de fondos privados para pagar a personal militar es un precedente complicado que plantea interrogantes sobre la responsabilidad del Estado y la rendición de cuentas democrática. Las reglas vigentes establecen que las donaciones al gobierno deben cumplir ciertos requisitos de escrutinio cuando superan los 10 mil dólares o involucran a ciudadanos extranjeros.
El aporte ha sido interpretado por algunos como un gesto de solidaridad hacia las fuerzas armadas, mientras que para otros representa una señal alarmante sobre la fragilidad del proceso presupuestario y la dependencia de recursos improvisados para funciones esenciales del Estado. Aún persiste la incertidumbre respecto de cómo se distribuirán exactamente estos fondos y cuáles serán las repercusiones si el Congreso no resuelve el impasse presupuestario.
El episodio se sumará al debate sobre la financiación de la seguridad nacional y la supervisión de donaciones privadas en ámbitos que tradicionalmente dependen de la autoridad pública.