La Corte Penal Internacional mantiene la orden de aprehensión contra Benjamin Netanyahu
La Haya; 17 de octubre de 2025. La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la solicitud formulada por Israel para retirar la orden de arresto emitida contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como contra su exministro de Defensa, Yoav Gallant. El tribunal reafirmó que, mientras se revisan las impugnaciones sobre su jurisdicción, las órdenes de aprehensión siguen vigentes.
Las órdenes habían sido dictadas el 21 de noviembre de 2024, cuando la CPI determinó que había “motivos razonables” para creer que tanto Netanyahu como Gallant participaron en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la campaña de Israel en la franja de Gaza. Israel había argumentado que la CPI carece de jurisdicción sobre sus nacionales y solicitó la anulación de las órdenes, petición que fue rechazada por los jueces del tribunal.
La decisión no solo mantiene activa la órbita de responsabilidad internacional para los funcionarios señalados, sino que también respalda el avance de la investigación de la CPI sobre las operaciones militares israelíes en Gaza y otros territorios palestinos. Por su parte, Estados Unidos respondió con sanciones a cuatro jueces del tribunal en junio, en una medida sin precedentes que busca contrarrestar la acción de la CPI contra Netanyahu.
La comunidad internacional observa con atención el curso de este caso, pues plantea un nuevo episodio en la tensión entre el derecho internacional penal y la soberanía de los Estados. Algunos Estados aliados de Israel han expresado que no cumplirán con la orden de detención, lo que pone a prueba la eficacia del sistema de cooperación internacional.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que el desenlace podría tener implicaciones profundas para las víctimas de Gaza, al abrir la posibilidad de rendición de cuentas efectivas por primera vez en el conflicto. En respuesta, el gobierno israelí rechazó enérgicamente las órdenes de la CPI y las calificó de politizadas y antisemitas, argumentando que actúan bajo una lógica de persecución contra Israel.
Mientras tanto, los Estados miembros de la CPI mantienen la obligación legal de arrestar y entregar a personas sujetas a órdenes de arresto si se encuentran en su territorio. Esta obligación posiciona a los países en una disyuntiva: equilibrar alianzas geopolíticas con el cumplimiento del derecho internacional.