Uruguay aprueba la eutanasia y se convierte en el tercer país de América en legalizarla
Montevideo; 16 de octubre de 2025. El Senado de Uruguay aprobó este miércoles la ley de Muerte Digna, legalizando la eutanasia en el país. Con esta legislación, Uruguay se convierte en el tercer país de América en permitir este procedimiento, tras Colombia y Ecuador.
La ley establece que las personas adultas, psíquicamente aptas, que se encuentren en fase terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan sufrimientos insoportables, podrán optar por la eutanasia. El procedimiento será realizado por profesionales médicos y estará sujeto a estrictas regulaciones para garantizar la voluntad del paciente.
El debate en el Senado se extendió por más de diez horas, con intervenciones de legisladores de diversos partidos. El senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, destacó que el proyecto fue construido con responsabilidad y respeto a la voluntad individual, asegurando garantías claras para proteger a los pacientes.
Por su parte, el senador Ope Pasquet, del Partido Colorado, calificó la ley como “necesaria, liberal y humanitaria”, señalando que muchas personas en etapa terminal sufren dolores insoportables y desean acortar su sufrimiento.
La ley también establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo no superior a 180 días desde su promulgación. Además, se creará una Comisión Honoraria de Revisión, presidida por el Ministerio de Salud Pública, que tendrá como objetivo revisar los procedimientos realizados en el marco de la eutanasia.
Esta legislación representa un avance significativo en los derechos humanos y la autonomía personal en Uruguay, consolidando al país como líder en América Latina en materia de derechos civiles. La aprobación de la ley ha sido celebrada por diversos sectores de la sociedad, aunque también ha generado debates sobre su implementación y las implicaciones éticas del procedimiento.
Con esta medida, Uruguay se une a un selecto grupo de países que han legalizado la eutanasia, marcando un precedente en la región y abriendo el debate sobre la muerte digna en otros países latinoamericanos.
La implementación efectiva de la ley dependerá de la reglamentación y de la formación adecuada de los profesionales de la salud, así como de la sensibilización de la sociedad sobre este derecho. Se espera que, en los próximos meses, se establezcan los mecanismos necesarios para garantizar el acceso seguro y voluntario a la eutanasia para quienes lo deseen.