Procesan al exalcalde de Ahome y a ocho colaboradores por desempeño irregular
Los Mochis, Sinaloa, 9 de octubre de 2025. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que un juez vinculó a proceso al exalcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, y a ocho de sus colaboradores por el presunto delito de desempeño irregular de la función pública. Los imputados enfrentan cargos relacionados con un contrato de 33 millones de pesos para la asesoría en la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de participaciones federales entre 2015 y 2021.
Entre los procesados se encuentran integrantes del Comité de Adquisiciones del municipio de Ahome, así como el exsecretario del Ayuntamiento y la síndica en funciones al momento de la contratación. La FGE sostiene que el contrato con la empresa Consultoría Humana Acsora S.A. de C.V. debió haberse realizado mediante licitación pública, pero se autorizó por adjudicación directa, lo que constituye una irregularidad administrativa.
Durante la audiencia, la defensa argumentó que el contrato se aprobó en diciembre de 2021 sin conocer el monto exacto a recuperar, lo que justificaría la adjudicación directa. Sin embargo, la Fiscalía refutó esta postura, señalando que los exfuncionarios podían haber realizado la recuperación del ISR con personal interno del municipio, sin necesidad de contratar a una empresa externa.
El juez de control, Carlos Alberto Herrera, determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal. Estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria y dictó medidas cautelares, como la obligación de los imputados de presentarse mensualmente ante la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares (UMECA) y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
Este caso representa la tercera vinculación a proceso de Gerardo Vargas Landeros por presuntas irregularidades durante su gestión como presidente municipal de Ahome. Anteriormente, fue vinculado por la compra directa de 126 patrullas por 171 millones de pesos en 2021 y por un contrato de 25 millones de pesos para la construcción de un hospital en el municipio.
La FGE ha señalado que las acciones de los imputados ocasionaron un perjuicio al erario público, ya que el contrato con la empresa externa no era necesario y pudo haberse evitado con recursos internos del municipio. Además, se argumenta que la contratación irregular afectó la transparencia y la legalidad en el manejo de los recursos públicos.