Indignación en Jalisco por negligencia de instituto forense
Guadalajara, Jalisco, 9 de octubre de 2025. El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco denunció una grave violación a los derechos humanos por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), al presuntamente haber entregado entre 2015 y 2018 al menos 151 cadáveres a universidades sin haber agotado los procedimientos de identificación y sin haber solicitado su devolución a las familias para su reconocimiento.
La denuncia se basa en una investigación periodística del diario local NTR, que reveló la práctica irregular del IJCF. El colectivo cuestionó si las autoridades forenses y ministeriales cumplieron con su obligación de identificar y restituir los cuerpos a sus familiares.
Esta situación se enmarca en una crisis forense nacional, donde la movilización institucional ha dependido en gran medida del esfuerzo de las familias buscadoras. La entrega de cuerpos sin haber agotado el deber de identificación fue calificada por el colectivo como “profundamente alarmante y revictimizante”, ya que genera dudas sobre si esos cadáveres pertenecen a personas desaparecidas cuyos familiares aún los buscan.
Los denunciantes subrayaron el incumplimiento del artículo 346 de la Ley General de Salud, que establece que los cuerpos “no pueden ser objeto de propiedad” y deben ser “tratados con respeto, dignidad y consideración”.
Ante esta situación, el colectivo demandó una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer los hechos que permitieron la donación irregular de los cadáveres. Además, exigieron la suspensión inmediata del personal involucrado hasta que se determinen las responsabilidades administrativas o penales correspondientes.
La denuncia ha generado una ola de indignación en Jalisco, donde organizaciones civiles, colectivos de víctimas y ciudadanos han expresado su rechazo a la actuación del IJCF. Se han organizado protestas y manifestaciones para exigir justicia y que se esclarezcan los hechos.
El gobierno estatal y las autoridades correspondientes han señalado que se investigará el caso y se tomarán las medidas necesarias para garantizar que situaciones como esta no se repitan. Sin embargo, la comunidad exige acciones concretas y responsables para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.